El Gobierno Regional resolvió el contrato con el Consorcio Tambillo porque incumplió con levantar las observaciones al proyecto de construcción y mejoramiento del camino vecinal tramo: Tambillo Grande-San Juan Pampa-San Francisco-Buenos Aires, en el distrito Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado.
El trabajo se financió con S/10 055 562.12 y empezó en setiembre de 2014, cuando la gestión de Luis Picón firmó contrato n.° 700-2014 con el Consorcio Tambillo, integrado por Constructora y Consultora Gallo SRL, R y J Contratistas SCRL e Inversiones Sincomaq SCRL. El plazo de ejecución fue de 240 días.
Pero en agosto, el gerente de Infraestructura, Cesar Martel, solicitó al gobernador que resuelva el contrato con la empresa por incumplimiento injustificado, porque no subsanó las observaciones formuladas por el comité de recepción de obra.
El comité detectó que falta construir plazoletas de cruce plasmadas en los planos, no se construyeron 6 alcantarillas con las dimensiones contempladas en los planos, la contratista solicitó la recepción de obra sin haberla terminado y valorizó partidas no ejecutadas.
Se advirtió que están pendiente de ejecución parcial las alcantarillas con dimensiones establecidas en el expediente técnico, de 64 alcantarillas 60 tienen metrados mayores a lo que mandan los planos, el consorcio valorizó al 100 % las partidas de alcantarillas en todos sus componentes, pero detectó dimensiones menores a las ejecutadas.
El comité y la GRI determinaron que la empresa no puede revertir el incumplimiento injustificado del contrato porque el plazo de recepción está vencido. La contratista acumuló la penalidad máxima de S/1 129 073.92 por 91 días de acumulación máxima de penalidad a S/12 380 de penalidad por día.
Por esto, se resolvió el contrato mediante la Resolución Ejecutiva Regional n° 539-2018, el 27 de agosto, ordenó que la oficina de Administración ejecute las cartas fianza otorgadas por la contratista, que Logística acopie la documentación para iniciar proceso sancionador contra el consorcio ante el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE y que Procuraduría Pública Regional evalúe la posibilidad de interponer acciones legales contra la empresa. También ordenó que una comisión de la Gerencia de Infraestructura realice la constatación física e inventario en el lugar de la obra con el fin de verificar su situación para su culminación.
