Más de 300 alumnos estudiantes en aulas precarias y de plásticos y serán reubicados
La Institución Educativa San Juan Bautista de Iscopampa, ubicada en el distrito de Rondos, provincia de Lauricocha, ha sido formalmente declarada inhabitable por el Gobierno Regional de Huánuco, según informó su directora, Betzira Alvarado.
Indicó que, desde el mes de junio, las autoridades regionales emitieron un documento que ordena el desalojo inmediato de las aulas, tras constatar el grave deterioro estructural de las instalaciones.
De acuerdo con Alvarado, los ambientes escolares presentan riesgo de colapso, situación que —según advirtió— pone en peligro la integridad de aproximadamente 300 estudiantes de primaria y secundaria, así como la del personal docente. “Las aulas se están cayendo pedazo a pedazo”, manifestó durante su intervención pública.
La directora precisó que, debido a la precariedad de las condiciones, la comunidad educativa ha improvisado espacios de enseñanza utilizando plásticos, hilos de rafia y materiales reciclados, ante la imposibilidad de continuar utilizando las infraestructuras principales. Añadió que las aulas originales fueron construidas en faenas comunales desde la década de 1950, por iniciativa de padres y autoridades locales.
Denuncian falta de respuesta
Según lo expuesto por Betzira Alvarado, el plantel cuenta con un proyecto de reconstrucción aprobado por el Gobierno Regional de Huánuco, el cual incluiría un expediente técnico validado, aunque con costos desactualizados. “Solo falta voluntad política para actualizar esos valores”, expresó la directora, quien ha encabezado múltiples gestiones en busca de una solución.
Alvarado aseguró que el gobernador regional ha ofrecido en varias oportunidades su compromiso para ejecutar las obras, durante reuniones previas con delegaciones comunales. Sin embargo, hasta el momento, no se ha iniciado ninguna acción concreta para intervenir en el plantel. En palabras de la directora: “Hemos venido varias veces. Nos dicen que el proyecto sí va, pero seguimos esperando”.
Durante su más reciente visita a la sede del gobierno regional, la delegación de Iscopampa solicitó una reunión directa con el gobernador, la cual —al cierre de esta edición— aún no había sido confirmada. Representantes del área de infraestructura, según refirió la directora, solo habrían señalado que el expediente requería “una actualización de costos”, sin establecer plazos ni compromisos formales de ejecución.
Población exige atención urgente
La comunidad escolar ha calificado como crítica la situación actual, especialmente porque el desalojo ordenado por las autoridades no ha sido acompañado de una solución temporal para la continuidad del servicio educativo. Según explicó la directora, los estudiantes provienen de distintos caseríos de la provincia, muchos de ellos ubicados en zonas de difícil acceso, lo que agrava el problema.
“El documento que nos entregaron decía que debíamos desalojar por peligro de accidentes. Entonces la pregunta es: ¿a dónde llevamos a los alumnos?”, expresó Alvarado. La falta de espacios seguros, añadió, genera una amenaza diaria para los menores, quienes asisten a clases en condiciones que —según dijo— no cumplen ningún estándar mínimo de seguridad.
Dato
Alvarado remarcó que, aunque la situación fue reconocida oficialmente por el gobierno regional, la respuesta ha sido limitada a nivel institucional, sin medidas paliativas ni presupuesto asignado. En ese contexto, la comunidad ha reiterado su pedido público para que se priorice la ejecución del proyecto, a fin de garantizar un derecho básico como es la educación en condiciones dignas.
