La Contraloría General detectó irregularidades en la compra de cuatro ambulancias para el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) que ocasionó un perjuicio de S/161 800 al Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco).
Esta conformidad se dio sin que los bienes cumplieran los requisitos establecidos en las bases del proceso de adquisición pública, como el año de fabricación y modelo de vehículo. Según la Contraloría, los servidores del Gorehco dieron conformidad a la compra de cuatro ambulancias de año de fabricación 2019 y año de modelo 2020.
Sin embargo, conforme al contrato, las ambulancias urbanas tipo II y tipo III debían tener año de fabricación 2020 y año de modelo 2021. Estas características fueron detalladas en las tres cotizaciones que la empresa entregó durante los actos preparatorios al proceso de selección y que sirvieron para ejecutar el contrato directo aprobado en marco de la emergencia sanitaria.
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Durante la recepción de las ambulancias se suscribieron cuatro actas de conformidad sin señalar las observaciones del año de fabricación y año de modelo de las unidades vehiculares. Esto demuestra que los servidores sabían que el proveedor estaba entregando bienes sin las especificaciones técnicas detalladas en el contrato, así como la oferta presentada durante la apertura, admisión de oferta y otorgamiento de la buena pro.
Después que la entidad autorizara el trámite de pago correspondiente, la empresa solicitó la cancelación de cuatro facturas electrónicas en las que estaban descritos el año de fabricación 2019 y año de modelo 2020. Posteriormente, presentaron facturas físicas sin especificar el año de fabricación. Solo describieron que el año de modelo correspondía al 2020.
En diciembre del 2020 se otorgó la buena pro, en febrero del 2021 recibieron los bienes y en marzo se le pagó a la empresa.
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Adenda sin sustento
Días antes de ejecutarse el pago y sin el sustento legal, se tramitó y aprobó la adenda n.° 2 al contrato para modificar la cláusula sexta respecto a la descripción y cantidad de bienes. Con esta modificación se suprimió el año de fabricación 2020 y año de modelo 2021 y solo se consignó año de modelo 2020. Esta situación generó que se regularice la recepción de las ambulancias y se apliquen penalidades. En consecuencia se provocó un perjuicio a la entidad de S/161 800.
Frente a este hecho, la Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Huánuco por recibir, dar conformidad de cuatro ambulancias sin las especificaciones técnicas requeridas y por tramitar una adenda sin sustento legal. Se recomendó al titular de la entidad deslindar responsabilidades y al procurador público en delitos de corrupción iniciar las acciones legales en este hecho.
