Con el fin de enfrentar los impactos ambientales y sociales derivados de la minería ilegal en quebradas de Puerto Inca, el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), a través de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), encabezó una reunión interinstitucional. Según informó la entidad, el objetivo fue coordinar acciones con autoridades locales, regionales y nacionales para elaborar una estrategia conjunta de intervención.
De acuerdo con el Gorehco, en el encuentro participaron representantes de la Municipalidad de Puerto Inca, Ministerio Público, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Policía Nacional del Perú, Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, Comunidad Nativa de Tsirotzire, Red de Salud de Puerto Inca y la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales.
Fiscalizaciones detectan daños en quebradas Pintuyacu y San Pablo
La DREM presentó, según sus reportes, los resultados de fiscalizaciones realizadas en las quebradas Pintuyacu y San Pablo. Los informes señalan afectación de suelos, contaminación de cuerpos de agua y pérdida de cobertura boscosa. La institución también indicó que se identificaron problemas asociados a tala ilegal, degradación de ecosistemas, riesgos para proyectos de saneamiento básico y afectaciones a la salud de comunidades nativas.
De acuerdo con los representantes regionales, estas actividades ilícitas incrementan la vulnerabilidad ambiental y social de la zona, afectando tanto a pobladores como a ecosistemas estratégicos.
Propuesta de declaratoria de emergencia ambiental
En la reunión, las autoridades acordaron —según la información oficial— promover la declaratoria de emergencia ambiental en la microcuenca afectada. También se planteó realizar monitoreos de la calidad de agua y tamizajes sanitarios a las comunidades impactadas, elaborar informes técnicos sobre la afectación de las zonas boscosas, brindar apoyo logístico a operativos multisectoriales y garantizar el acceso al territorio comunal para las entidades fiscalizadoras.
Finalmente, el Gorehco indicó que se continuará con las acciones legales contra las personas y organizaciones vinculadas a la minería ilegal, buscando articular esfuerzos con instancias nacionales para reforzar el control.
OJO NO CONSIDERAR
No contaba con garantías de orden público y tampoco con permiso municipal
Promotores de “Viva Huánuco Fest 2025” destacaron disposiciones de la Subprefectura Provincial de Huánuco
Lizet Salvador Illatopa, subprefecta provincial de Huánuco, confirmó que el evento “Viva Huánuco Fest 2025” que se realizó el lunes pasado en Amarilis se habría realizado sin las garantías de orden público que otorga la Prefectura Regional de Huánuco. Asimismo, recalcó que tampoco contaba con autorización municipal.
Adelantó que el promotor del megaevento habría pasado por alto los requisitos mínimos que se necesitan para otorgar las garantías que cualquier evento de gran magnitud debe contar.
“No tenía autorización (de parte de la Prefectura). No pudo haber tenido una autorización, porque había un pronunciamiento, eso ha sido indicado. Entonces, no hubo la autorización, nosotros nos hemos acercado para verificar y efectivamente no tenía. Si bien es cierto, nosotros como Subprefectura, no podemos cerrar un evento, pero hemos hecho la fiscalización y nos hemos dado cuenta que se ha desestimado las garantías en ese evento”, señaló.
“¿Qué nos piden para otorgar las garantías al solicitante? La autorización de la municipalidad. Entonces, debe contar el evento con la autorización. En mi caso, yo cumplo con pedir todos los requisitos y dictaminar si se está cumpliendo con todo, entonces finalmente doy pase y comunico a la Policía. Con el objetivo de que ellos den el respaldo correspondiente para la seguridad del evento que se va llevar a cabo”, dijo la subprefecta.
REQUISITOS
“Nosotros entregamos a los promotores un formato solicitud, donde contienen los requisitos básicos para tramitar la entrega de garantías. Copia del DNI del solicitante. Pago de derecho que se realiza a la cuenta del Banco de la Nación del Ministerio del Interior que se realiza, la cual no supera los 50 soles por el aforo de hasta 3 mil asistentes”, explicó.
“Asimismo, exigimos el permiso de la municipalidad de la jurisdicción, el contrato de seguridad privada que debe tener el promotor. Todo ello, cuando los promotores llenan y anexan estos requisitos en los documentos, nosotros recién otorgamos el visto bueno y las garantías”, acotó la subprefecta.
Asimismo, precisó que, pese a que su despacho brinda todas las “facilidades” a los promotores, los responsables del Fest 2025 ni siquiera presentaron solicitud alguna.
“Los promotores nos dicen “subprefecta yo no puedo presentar mi informe de Defensa Civil, porque tienen que estar armado el escenario”. Lamentablemente, los promotores no instalan 7 días antes, por ende, el inspector de Defensa Civil no constata y no puede emitir ningún informe”, acotó.
“Nosotros establecemos un plazo de 7 días antes del evento para que se presente el informe de Defensa Civil, pero los promotores por obvias razones no cumplen. Por lo tanto, le damos facilidades a los promotores entendemos”, recalcó Lizet Salvador.
“En ese sentido, cuando ya tienen la inspección técnica de Defensa Civil, lo anexan – a veces un día antes-, y recién ahí se emite la resolución del otorgamiento de las garantías inherentes al orden público”, pormenorizó.
El dato
A pesar de la polémica que generó, el evento se realizó el lunes pasado generando largas colas y empeorando el tráfico vehicular.
