Un clima de tensión, enfrentamientos y confusión se vivió el último fin de semana en las inmediaciones del Malecón Calicanto – Los Incas, en el distrito de Amarilis, tras un conflicto administrativo y político entre el Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Distrital de Amarilis, situación que terminó afectando directamente a un grupo de comerciantes reubicados en la zona.
De acuerdo con información recogida en el lugar, la situación se desencadenó luego de que la Municipalidad de Amarilis, encabezada por el alcalde Roger Hidalgo, intentara reubicar a comerciantes y vendedores ambulantes en el espacio del malecón, considerado un bien patrimonial, histórico y turístico de alta afluencia en la ciudad de Huánuco.
La medida fue rechazada por el Gobernador Regional, Antonio Pulgar, quien —según fuentes regionales— advirtió que la presencia de comerciantes en la zona generaría un impacto negativo en la conservación del malecón y en su condición de espacio turístico. En ese marco, el Gobierno Regional dispuso acciones para resguardar el área y evitar su ocupación permanente.
El desacuerdo entre ambas instancias de gobierno escaló durante el fin de semana, cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Serenazgo intervinieron en el malecón con el objetivo de retirar a los comerciantes que habían sido ubicados en el lugar.
Testigos señalaron que el operativo generó momentos de tensión y forcejeos, mientras los comerciantes expresaban su rechazo a ser desalojados sin una alternativa clara de reubicación. Los vendedores denunciaron quedar en situación de vulnerabilidad, al no existir —según manifestaron— un acuerdo definitivo entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Amarilis.
Desde el entorno regional se sostuvo que la intervención buscaba proteger un espacio patrimonial y evitar su ocupación informal, mientras que, desde la perspectiva municipal y de los comerciantes, el conflicto evidenciaría una falta de coordinación interinstitucional que termina afectando a trabajadores informales.
La zona permaneció por varias horas en un estado de caos operativo, con tránsito restringido y presencia permanente de fuerzas del orden.
Los comerciantes involucrados manifestaron sentirse atrapados en un “fuego cruzado” político, al señalar que la reubicación fue dispuesta por la municipalidad, pero posteriormente rechazada por el Gobierno Regional. Según expresaron, esta falta de coordinación los deja sin un lugar definido para ejercer su actividad económica.
