El Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la polémica propuesta de establecer una ‘franja horaria’ obligatoria en los medios de comunicación para difundir información oficial durante los estados de emergencia. La iniciativa, presentada como una medida frente al incremento de la criminalidad en el país, fue retirada tras una ola de críticas que advertían un posible atentado contra la libertad de expresión.
Eduardo Arana, titular de la cartera, afirmó que la medida “no pretendía vulnerar la libertad de expresión” y que su objetivo era promover la unidad de los diversos actores sociales en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, reconoció que las reacciones adversas y el rechazo del Congreso influyeron en la decisión de archivar definitivamente la propuesta.
El plan contemplaba una franja de aproximadamente 40 minutos diarios, entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m., en la que los medios privados estarían obligados a transmitir mensajes oficiales. Según el viceministro Juan Alcántara, la intención era complementar la limitada cobertura de los medios estatales. No obstante, entidades como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de Prensa Peruana (CPP) rechazaron la iniciativa por considerarla una amenaza directa a la prensa libre.
Desde el Congreso, representantes de distintas bancadas también cuestionaron la medida. Alegaron que el Ejecutivo cuenta con suficientes canales oficiales para informar a la ciudadanía y que imponer contenido a los medios privados es una práctica autoritaria. Algunos legisladores calificaron la propuesta como una reacción desesperada ante la ineficacia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Arana concluyó afirmando que la idea no será presentada ante el Consejo de Ministros y que ha quedado completamente descartada.
