En la madrugada del lunes, Trujillo, la capital de la región La Libertad, fue escenario de un atentado con explosivos contra una sede del Ministerio Público, un acto que ha generado una fuerte condena tanto en el ámbito local como nacional. La presidenta de la República, Dina Boluarte, emitió un comunicado más de diez horas después del ataque, calificándolo como un “ataque terrorista” perpetrado por bandas criminales. En su mensaje, la mandataria aseguró que el Gobierno trabajará de manera conjunta con las autoridades locales para “garantizar el orden” y restablecer la seguridad en la región.
“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados,” dijo la presidenta Boluarte en el comunicado publicado en la plataforma X (antes Twitter). Además, destacó que como parte de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia, el Gobierno desplegará tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad para tomar el control de la situación y proteger a la población. “Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos,” agregó en su mensaje.
Este ataque se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en La Libertad, una región que ha estado bajo estado de emergencia durante casi un año. A pesar de las restricciones y las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, la criminalidad en la zona ha aumentado significativamente, y el atentado contra la Fiscalía refleja la gravedad de la situación.
Críticas a la eficacia de las políticas de seguridad
El atentado ha generado una serie de críticas hacia el gobierno por la falta de acción efectiva en la lucha contra la criminalidad, particularmente en la región de La Libertad. El congresista Diego Bazán, representante de la zona norte del país, fue uno de los primeros en cuestionar la eficacia de las políticas de seguridad del gobierno. En un video enviado desde Trujillo, Bazán criticó duramente la respuesta del Ejecutivo, señalando que Trujillo lleva casi un año en estado de emergencia, sin que se hayan logrado avances significativos en la mejora de la seguridad.
“Le recuerdo a la presidenta que Trujillo ya lleva casi un año en estado de emergencia, y ¿qué ha hecho hasta ahora?” preguntó el congresista Bazán, destacando que las medidas adoptadas no han tenido un impacto real en la reducción de la criminalidad en la ciudad. Además, el legislador criticó la tardía intervención de las fuerzas del orden, señalando que la presencia policial no resolverá el problema de manera efectiva. “Los efectivos no nos van a cuidar 24 horas,” afirmó Bazán, insistiendo en que se necesitan acciones más concretas y sostenibles.
En su intervención, el congresista también exigió la implementación de medidas más efectivas, como el fortalecimiento del trabajo de inteligencia policial, la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en la región, y la aplicación de políticas específicas para las zonas mineras, donde la minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos criminales.
Ataque vinculado a la minería ilegal
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también se pronunció sobre el atentado y ofreció detalles sobre las investigaciones preliminares. Según Espinoza, el ataque estaría relacionado con la minería ilegal, una actividad que ha aumentado en las últimas décadas en varias regiones del país y que está vinculada a organizaciones criminales que operan en la zona. La fiscal destacó la importancia de restituir la figura de la detención preliminar en los casos en los que no existe flagrancia, una medida que el Gobierno ha observado pero que, según Espinoza, es urgente para hacer frente a la criminalidad.
“Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original esta figura. Si nosotros en este momento, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que admiten que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido, no vamos a poder detenerlos,” explicó Espinoza, resaltando que la falta de esta herramienta legal limita las acciones del Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado. La fiscal también exigió al Congreso que trabaje de manera activa en la creación de una política criminal más eficiente y que permita a las autoridades contar con herramientas más efectivas para combatir la inseguridad.
“¿Qué más esperamos? ¿Que haya más destrozos, más pérdidas humanas?” agregó Espinoza, visibilizando la urgencia de una respuesta más contundente por parte de las autoridades. En su declaración, también reveló que el ataque podría estar vinculado con amenazas previas a una fiscal encargada de un caso relacionado con la criminalidad organizada. “Esto no nos sorprende porque el Ministerio Público está trabajando a nivel nacional silenciosamente. Los fiscales están haciendo un buen trabajo y siguiendo las huellas de criminales de alta peligrosidad,” señaló, reafirmando la vinculación entre las bandas criminales y el atentado.
Propuestas para mejorar la seguridad
El Congreso ha jugado un papel crucial en las discusiones sobre seguridad, y varios parlamentarios han exigido al Gobierno que tome medidas más efectivas para garantizar la protección de los ciudadanos. Entre las propuestas se encuentra la reactivación del trabajo de inteligencia policial, que, según la fiscal Espinoza, es fundamental para prevenir los delitos antes de que ocurran. “Es necesario que el Ministerio del Interior disponga la reactivación de la labor de inteligencia policial para que las actuaciones de los agentes del orden se efectúen antes de que se produzcan los hechos delictivos, y no cuando el daño ya se produjo,” concluyó la fiscal, resaltando la importancia de un enfoque preventivo en la lucha contra el crimen organizado.
Por otro lado, la falta de recursos para levantar unidades especializadas, como las de geolocalización y laboratorios criminalísticos, ha sido otra de las críticas planteadas por diversos actores políticos. Según Bazán, estas carencias dificultan la efectividad de las investigaciones y la capacidad de las autoridades para desmantelar las redes criminales que operan en la región. “No tenemos el presupuesto necesario para tener herramientas como la geolocalización, ni para levantar un laboratorio criminalístico que permita una respuesta más eficiente a los delitos,” señaló el congresista, enfatizando la importancia de destinar mayores recursos a la lucha contra la criminalidad.
Despliegue de fuerzas y expectativas a futuro
El Gobierno ha reaccionado ante la presión social y política, anunciando el despliegue de efectivos militares y policiales en Trujillo y otras zonas afectadas por la criminalidad. Sin embargo, las expectativas de que estas acciones puedan revertir la situación de inseguridad son inciertas, dado el contexto de ineficacia percibida en las políticas de seguridad anteriores. Mientras tanto, el Gobierno sigue enfrentando críticas por su falta de respuesta rápida ante la creciente violencia en el país.
“No descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados,” aseguró la presidenta Dina Boluarte, haciendo un llamado a la unidad y a la colaboración entre las distintas esferas del poder para enfrentar el desafío de la inseguridad. Sin embargo, la pregunta que persiste es si estas medidas serán suficientes para frenar la ola de violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos en La Libertad y en otras regiones del país.
El caso de Trujillo es solo uno de los muchos ejemplos de la crisis de seguridad que enfrenta Perú, y la presión sobre el Gobierno para encontrar soluciones efectivas sigue en aumento. Con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomando un rol más protagónico en la seguridad pública, queda por ver si estas medidas podrán frenar la creciente amenaza de la criminalidad en el país.
