Germán Bedoya: “Obstrucción a proyectos públicos constituye un delito”
El gerente de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Germán Bedoya, se refirió a la situación que ha generado tensiones en la Municipalidad de Amarilis, tras el secuestro de una trabajadora municipal. En declaraciones recientes, Bedoya manifestó que aún no se ha determinado si se tomarán acciones legales contra las personas involucradas en estos actos, que él califica como delitos. Sin embargo, destacó que ningún ciudadano tiene derecho a interferir en las funciones de un servidor público ni restringir el ejercicio de sus facultades.
Según el funcionario, el gobierno regional ha intentado en tres ocasiones realizar actividades técnicas en un terreno destinado al mercado, pero han sido repelidos violentamente. “Nadie puede impedir el ejercicio de nuestras funciones”, declaró Bedoya, enfatizando que estas acciones son inadmisibles. A pesar de la gravedad de la situación, el gerente regional evitó dar detalles sobre la identificación de los responsables, señalando que esa tarea corresponde a la Fiscalía, la cual ya está llevando a cabo las investigaciones necesarias. Bedoya confirmó que “hay personas involucradas”, pero no precisó nombres ni cargos.
Con respecto al secuestro de la trabajadora, el funcionario calificó el hecho como “lamentable” y dejó en claro que “no se puede dejar pasar por alto”, aunque no pudo confirmar si ya existe una denuncia formal. No obstante, aseguró que el gobierno regional tiene todas las facultades legales para proceder, indicando que “los hechos se han configurado como delitos” y que se está evaluando cómo proceder legalmente.
Bedoya también expresó la preocupación del gobierno regional al ser consultado sobre si la administración se siente afectada por estos sucesos. Explicó que, tras firmar un convenio con la Municipalidad de Amarilis, su entidad debe ejecutar sus funciones, pero estas han sido obstaculizadas por personas ajenas al proyecto, lo cual no solo afecta al gobierno regional, sino principalmente a la población. “Estas acciones no perjudican al gobernador, sino a la población. Este es un proyecto entrante, y cuando personas externas limitan nuestra actividad, configuran un delito”, explicó.
Sobre la posible denuncia formal, Bedoya indicó que será el gobernador regional quien definirá los siguientes pasos. Aunque aclaró que las denuncias generalmente se dirigen “a los que resulten responsables”, dejando en manos de la Fiscalía la tarea de determinar las culpabilidades. Al ser preguntado sobre si podría haber personas de otras instituciones o representantes políticos involucrados, Bedoya fue claro al afirmar: “Cualquier persona que haya impedido el funcionamiento de nuestras facultades tendrá que explicar por qué lo hizo”, sin descartar la posibilidad de que incluso congresistas puedan estar implicados, si la investigación así lo determina.
En cuanto a las fechas de los incidentes, Bedoya no pudo ofrecer precisión, pero confirmó que durante el año han sido tres las veces que el equipo técnico del gobierno regional ha intentado realizar trabajos en el terreno, siendo siempre repelidos violentamente. Añadió que en uno de esos intentos, una trabajadora de la municipalidad fue secuestrada durante varias horas. “Retener a cualquier persona en contra de su voluntad es un delito”, subrayó.
Finalmente, cuando se le preguntó cuándo podría formalizarse la denuncia, Bedoya reiteró que será el gobernador quien tome esa decisión, pero aseguró que actuarán con firmeza. “El principio de autoridad no puede quedar de lado, no solo como gobierno regional, sino también como Estado de derecho. Hay que ser implacables en estos casos”, sentenció.
