El gobierno de Dina Boluarte oficializó la Ley que sanciona con penas de 8 a 12 años de prisión a jueces y fiscales que liberen a presuntos delincuentes detenidos en flagrancia y con elementos de convicción suficientes. La norma, publicada en el diario El Peruano, modifica el Código Procesal Penal y refuerza las sanciones por prevaricato, aplicándose desde el 12 de diciembre.
La ley también establece que la liberación de criminales con penas mayores a cinco años será considerada una infracción grave bajo las leyes de la Carrera Judicial y Fiscal. Según el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, esta medida busca responsabilizar a los operadores de justicia por decisiones que puedan favorecer la impunidad.
Sin embargo, la norma ha generado críticas en sectores judiciales. El exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el fiscal Jorge Chávez Cotrina señalaron que ya existen órganos como la Junta Nacional de Justicia para supervisar estas faltas, y advirtieron que la ley podría dificultar la lucha contra el crimen organizado. Además, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia manifestó su preocupación por la posible injerencia del Congreso en las funciones judiciales.
A pesar de las discrepancias, Arévalo ha defendido la norma, argumentando que sancionar la liberación irregular de criminales es esencial para proteger a la sociedad.
