La presidenta Dina Boluarte promulgó esta semana una controvertida ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ampliando el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país. La medida ha desatado fuertes críticas de diversos sectores de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, quienes advierten sobre sus posibles efectos restrictivos.
Durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte defendió la norma, señalando que busca proteger “el supremo interés de la democracia y la unidad nacional”, y que permitirá revisar a “una minoría de ONG que siembran odio y atacan nuestro sistema”. Sin embargo, los críticos sostienen que esta legislación podría ser utilizada para silenciar a entidades que fiscalizan al Estado y denuncian violaciones de derechos humanos.
Una de las disposiciones más polémicas de la nueva norma es la que faculta a la APCI a vetar actividades financiadas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), obligando a las ONG a registrar previamente sus planos, proyectos y gastos en un sistema supervisado por la agencia. El incumplimiento podría conllevar sanciones como multas elevadas o la cancelación del registro institucional.
Exdirectores de la APCI calificaron la ley como inconstitucional y carente de fundamento técnico. Señalan que no solo impone una sobrecarga burocrática, sino que también podría restringir iniciativas informativas en períodos electorales y afectar la imagen del Perú ante la comunidad internacional.
Boluarte, por su parte, argumentó que la norma busca promover la rendición de cuentas y garantizar una mayor transparencia. “No se trata de control arbitrario, sino de claridad”, afirmó.
Pese a ello, los especialistas advierten que la APCI no cuenta con la capacidad operativa suficiente para supervisar exitosamente a todas las organizaciones, lo que podría generar retrasos perjudiciales para las comunidades beneficiarias de proyectos sociales.
