Ante el aumento de extorsiones y ataques a choferes, cobradores y pasajeros, el gobierno de Dina Boluarte ha tomado medidas para combatir la delincuencia en Lima y Callao. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que se instalarán cámaras de videovigilancia en más de 24.000 vehículos de transporte urbano. Esta iniciativa incluye buses, cústers y paraderos, y busca identificar a extorsionadores mediante el reconocimiento facial.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementará el sistema, y las grabaciones serán almacenadas tanto en discos duros dentro de las unidades como en la nube. Esto garantiza que, incluso si las cámaras son destruidas, las imágenes quedarán guardadas para que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda utilizarlas como evidencia.
Además, el gobierno ha declarado en emergencia 12 distritos de Lima y Callao, incluyendo San Martín de Porres, Ate Vitarte y Villa El Salvador, debido a la alta criminalidad. También se creará una procuraduría especial para tramitar denuncias de extorsión directamente con la PNP.
Entre otras medidas, el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que tipifica el “terrorismo urbano” y ampliará el penal de máxima seguridad de Challapalca para procesados por extorsión, sicariato y otros delitos graves.
