El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, aprobó el pedido de Mirian Morales, exsecretaria del expresidente Martín Vizcarra, quien se amparó en la Ley Servir para requerir que el Estado asuma el costo de su defensa por contratos irregulares en el Ministerio de Cultura.
Mirian Morales es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias debido a los irregulares contratos del cantante Ricardo Cisneros. Asimismo, protagonizó un gran escándalo de corrupción en el gobierno de Vizcarra que terminó con su vacancia en noviembre del 2020.
Para nadie es un secreto la realización de los sospechosos contratos que adjudicó Ricardo Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra.
Entre julio del 2018 y abril del 2020, suscribió nueve contratos por un monto de 175.400 soles.
La Fiscalía sostiene que la contratación de Cisneros fue a petición del mandatario Vizcarra por intermedio de la ex secretaria general Mirian Morales Córdova.
De esta manera, la entidad solicitó 13 años y 4 meses de cárcel para ella, además de 6 años y 8 meses para Cisneros.
La acusación contra Mirian Morales responde al presunto delito de tráfico de influencias (coautora y alternativamente cómplice primario), negociación incompatible (instigadora) y contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción y ocultamiento real.
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Sin embargo, parte del costo de su defensa será asumido por el Estado. De acuerdo al portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la Presidencia de la República adjudicó un contrato de 50.000 soles a favor de Hugo Mendoza Malpartida, abogado de Morales.
La licitación directa (a dedo) fue convocada el 12 de abril a las 6.05 p. m. y en menos de 24 horas se adjudicó la contratación. Con ello se responsabilizará del costo en beneficio de la exsecretaria de Martín Vizcarra.
Según la resolución n.º 0008-2022-DP/SSG, que emitió la secretaría presidencial, se declara procedente la solicitud que hizo llegar Morales el 21 de abril de 2021, amparada en la Ley n.º 30057, Ley del Servicio Civil (Servir).
