Con un adelanto de elecciones frustrado en el Congreso, el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado 59 fallecidos.
A través del Decreto Supremo N° 018-2023-PCM, publicado en el Diario El Peruano, se oficializó en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se buscará recuperar el orden interno, se justificó el gobierno.
La medida restringe o suspende “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, detalló el diario oficial.
El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20 horas hasta las 4 horas, durante 10 días en el departamento de Puno.
Ante esta medida del Ejecutivo, diversas organizaciones internacionales exigieron el respeto de los derechos humanos y el debido proceso judicial de las personas intervenidas y detenidas durante el estado de sitio.
