Ante el aumento de la criminalidad en Lima y Callao, el Gobierno de Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en ambas jurisdicciones por un período de 30 días. La medida, oficializada a través del diario El Peruano, responde a la creciente preocupación por el sicariato, las extorsiones y los ataques armados que afectan a la ciudadanía.
El decreto establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que actuarán en zonas específicas determinadas por la institución policial.
Motivos de la declaratoria de emergencia
El incremento de hechos violentos, como el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, el pasado 16 de marzo, ha generado gran indignación en la población. El crimen ocurrió cuando dos delincuentes armados atacaron el bus de la agrupación musical. Este suceso se suma a una serie de actos delictivos que han sembrado el temor entre los ciudadanos.
Medidas y restricciones bajo el estado de emergencia
Según el pronunciamiento del premier Gustavo Adrianzén, el estado de emergencia implica la restricción de derechos fundamentales, tales como:
- Libertad de tránsito: Se podrán implementar toques de queda, controles en carreteras y limitaciones para acceder o salir de ciertas zonas.
- Libertad de reunión: Se restringirá la posibilidad de realizar manifestaciones y reuniones públicas con el objetivo de evitar desórdenes.
- Inviolabilidad del domicilio: La PNP y las Fuerzas Armadas podrán ingresar a viviendas sin necesidad de una orden judicial si se presume una actividad delictiva.
- Mayor intervención militar: Las Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto con la policía para reforzar la seguridad en las calles.
¿Qué implica el estado de emergencia?
Este régimen excepcional permite que el Gobierno tome medidas drásticas para restablecer el orden público. En el Perú, su aplicación ha sido motivo de debate, ya que, si bien busca enfrentar la criminalidad, también restringe derechos constitucionales de los ciudadanos.
Se espera que la medida ayude a reducir los índices de delincuencia, aunque su efectividad dependerá del despliegue estratégico de las autoridades y de una respuesta coordinada con la ciudadanía.
