El Gobierno del Perú declaró el estado de emergencia en 246 distritos ubicados en 14 departamentos del país debido al peligro inminente generado por las intensas lluvias. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca ejecutar acciones urgentes de reducción de riesgos, respuesta y rehabilitación frente a posibles desastres naturales.
Los distritos comprendidos pertenecen a Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. Según la disposición oficial, la prioridad es proteger la vida y salud de la población, resguardar cultivos y actividades ganaderas, y asegurar la continuidad del transporte terrestre ante eventuales deslizamientos, inundaciones o interrupciones viales.
La declaratoria se sustenta en informes técnicos emitidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Estas entidades identificaron un escenario de alta vulnerabilidad en diversas localidades, donde el incremento de precipitaciones podría generar emergencias de gran impacto social y económico.
El Ejecutivo precisó que la medida permitirá agilizar intervenciones y fortalecer la capacidad operativa de las autoridades frente a un contexto climático adverso que afecta principalmente a zonas rurales y periurbanas.
Acciones inmediatas
Durante el periodo de emergencia, los gobiernos regionales y locales de los distritos comprendidos deberán implementar acciones inmediatas para reducir el riesgo existente y atender posibles daños. Estas intervenciones se desarrollarán en coordinación con el INDECI y con la participación de distintos sectores del Ejecutivo, de acuerdo con sus competencias.
Entre las medidas previstas se incluyen trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, reforzamiento de defensas ribereñas, monitoreo permanente de zonas críticas y acciones de atención directa a la población afectada. Asimismo, las autoridades podrán ajustar sus intervenciones en función de la evolución de las lluvias y las condiciones de seguridad en cada jurisdicción.
El financiamiento de estas acciones se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El INDECI será responsable de coordinar, supervisar y reportar los avances y resultados ante la Presidencia del Consejo de Ministros mientras se mantenga vigente la declaratoria.
La medida se enmarca en la estrategia preventiva del Estado para enfrentar la temporada de lluvias y reducir el impacto de fenómenos climáticos que, en años anteriores, han ocasionado pérdidas humanas y severos daños materiales en distintas regiones del país.
