La seguridad alimentaria enfrenta un nuevo revés con el anuncio de la Administración Trump sobre el aplazamiento, por 30 meses, de una regulación clave destinada a rastrear rápidamente alimentos contaminados y retirarlos del mercado. Esta medida, concebida para minimizar las enfermedades y muertes transmitidas por alimentos, exigía a las empresas y productores mantener registros detallados sobre el origen, empaquetado, procesamiento y manufactura de sus productos.
Según la investigación publicada por The New York Times, la normativa, parte de una trascendental ley de seguridad alimentaria aprobada en 2011 y promovida durante el primer mandato del Presidente Trump, estaba programada para entrar en vigor en enero de 2026.
La decisión del gobierno ha generado inquietud entre defensores de los derechos del consumidor y expertos en salud pública. Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, calificó la demora como “extremadamente decepcionante”, argumentando que pone en riesgo la salud de los consumidores debido a la presión ejercida por un sector minoritario de la industria, a pesar de haber tenido 15 años para prepararse.
Aunque numerosas cadenas de distribución ya han implementado los protocolos necesarios para cumplir con la regulación, asociaciones de la industria alimentaria promovieron activamente el aplazamiento de la implementación en diciembre, tal y como se publicó en The Los Angeles Times. En una misiva dirigida al Presidente Trump en ese mismo mes, fabricantes de alimentos y otras agrupaciones empresariales aludieron a una serie de regulaciones que, según ellos, estaban “estranguando nuestra economía”, solicitando la revisión y el retraso de la normativa de trazabilidad alimentaria. Esta normativa surge en un contexto donde la FDA estima que 48 millones de personas se enferman, 128,000 son hospitalizadas, y 3,000 mueren cada año debido a enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos.
Sarah Sorscher, directora de asuntos regulatorios del Center for Science in the Public Interest, describió la postergación como “un enorme paso atrás para la seguridad alimentaria”, resaltando el carácter bipartidista de la norma y su potencial para proteger tanto a consumidores como a empresas, reduciendo el daño, el impacto reputacional y los costes asociados a retiradas de productos gracias a una cadena de suministro tecnológicamente avanzada.
Es importante recordar que, en los últimos años, se han registrado varios brotes de alto perfil, incluyendo los casos del año pasado relacionados con la Listeria en productos cárnicos de Boar’s Head y la E. coli en cebollas utilizadas en las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s, resaltando la importancia de una trazabilidad efectiva para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de 2011, de la cual forma parte esta norma, surgió precisamente como respuesta a un creciente número de brotes y a la necesidad de modernizar el sistema de seguridad alimentaria.
