La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República elaboró uno de los informes más extensos y delicados de los últimos años sobre las contrataciones del Estado peruano con empresas de la República Popular China. Se trata de un documento de 610 páginas, fechado el 14 de marzo de 2024, que identifica a trece compañías chinas —entre ellas China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group Company— como integrantes de una presunta trama de corrupción enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El informe, firmado por varios congresistas, entre ellos José Jerí en su calidad de vicepresidente de la comisión, detalla un patrón sistemático de adjudicaciones, subcontrataciones y vínculos empresariales que habrían permitido a este grupo —denominado por los investigadores como el “Club del Dragón”— captar contratos millonarios del Estado a través de Provías Nacional y Provías Descentralizado.
Durante el gobierno de José Jerí, dos de estas empresas chinas firmaron tres contratos públicos que suman S/1.400 millones, todos vinculados a obras de infraestructura vial estratégica en distintas regiones del país. Las adjudicaciones se realizaron en octubre de 2025, en un corto lapso de tiempo y bajo un contexto político ya marcado por cuestionamientos.
Uno de los hallazgos más sensibles del informe de la Comisión de Fiscalización es la identificación de Zhihua Yang, conocido como “el tío Johnny”, como operador logístico y empresarial de las constructoras chinas investigadas. Según el documento, Yang habría cumplido un rol clave para facilitar la presencia operativa local de estas compañías, a través de empresas peruanas bajo su control o influencia.
En términos políticos e institucionales, el dato resulta relevante porque Jerí no podía alegar desconocimiento de los antecedentes de Yang: él mismo firmó el informe que lo señala como operador del “Club del Dragón”. Es decir, los encuentros del jefe de Estado no fueron con un empresario cualquiera, sino con una persona imputada en un documento oficial del Congreso por presuntos actos de corrupción.
Contratos firmados
Los tres contratos suscritos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el mandato de José Jerí corresponden a los siguientes proyectos: Mejoramiento del corredor vial Molinopampa (Áncash). Contrato firmado el 14 de octubre de 2025 con China Railway Tunnel Group Co. Ltd., sucursal del Perú, por S/273,2 millones. Mejoramiento de la carretera Cerro de Pasco – Tingo María. Contrato suscrito el 17 de octubre de 2025 con la misma empresa, por S/515 millones. Mejoramiento de la carretera Boca del Río (Tacna). Contrato firmado el 21 de octubre de 2025 con China Gezhouba Group Co. Ltd., sucursal del Perú, por S/608,5 millones.
Dos de los contratos fueron firmados por Chen Wei y el tercero por Wu Xiaoxuan, quienes actuaron como representantes legales de las empresas chinas identificadas en el informe como parte del “Club del Dragón”.
Desde el Ejecutivo, se ha sostenido que estas adjudicaciones se realizaron en cumplimiento de mandatos judiciales, ya que las empresas obtuvieron medidas cautelares que obligaban a Provías Nacional a firmar los contratos. Sin embargo, esta explicación no disipa todas las interrogantes, especialmente considerando el contexto político y los vínculos personales revelados.
Informe clave
Un elemento central del caso es que el informe de la Comisión de Fiscalización nunca fue aprobado por el Pleno del Congreso. De haber recibido el respaldo parlamentario, el documento debía ser remitido al Ministerio Público para el inicio inmediato de investigaciones penales, entre fines de 2024 e inicios de 2025.
Esto no ocurrió. La falta de aprobación dejó el informe en una suerte de limbo institucional, permitiendo que las empresas señaladas continúen contratando con el Estado sin restricciones legales ni investigaciones fiscales en curso.
Entre los principales beneficiados por esta inacción legislativa figuran China Railway Tunnel Group, China Gezhouba Group Company y el propio Zhihua Yang, señalado como operador del grupo. El documento advierte que Yang no figura como contratista directo del Estado, sino como subcontratista recurrente, una modalidad que habría sido utilizada para evadir controles y facilitar la adjudicación de obras.
El informe es explícito al señalar que las empresas vinculadas a Yang “no han operado de manera aislada, sino como un engranaje facilitador del modus operandi de las 13 empresas chinas investigadas”, participando en contratos hoy bajo sospecha de corrupción, abandono de obras y afectación al erario nacional.
