Durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior ha destinado más de S/ 1,4 millones en la contratación de abogados para defender a exministros, altos funcionarios y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en diversos procesos judiciales. El informe especial publicado en el portal Infobae y de autoría de Renato Silva, informa sobre los delitos que se investigan, se encuentran desde negociación incompatible hasta homicidio calificado.
De este monto, S/ 751,570 han sido destinados únicamente para defender al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a sus predecesores Carlos Basombrío, Víctor Torres Falcón, Ismael Vargas Céspedes, y Víctor Rojas Herrera, quienes enfrentan denuncias que van desde faltas administrativas hasta denuncias constitucionales por homicidio y genocidio.
Contrataciones millonarias para defender a funcionarios del Mininter
Además de los ministros, varios funcionarios del Ministerio del Interior han sido beneficiados con defensores legales financiados con dinero público. Entre ellos figuran Miguel Ángel Castro Taipe, Edwin Luis Revilla García, Carola Cuadros Abanto y Patricia Muñoz Toia, quienes enfrentan denuncias que incluyen delitos contra la administración pública, como colusión agravada y negociación incompatible. El gasto total en la defensa de estos funcionarios asciende a S/ 320,000.
La modalidad de contratación directa ha sido utilizada en todas las adjudicaciones, lo que permite la asignación de abogados sin necesidad de un proceso público de selección. En algunos casos, los propios implicados pueden recomendar al abogado que desean contratar, como reveló el abogado Víctor Mario Amoretti, quien fue contratado para defender al exministro Víctor Rojas Herrera por una acusación de genocidio.
Los costos de la defensa policial
El caso más costoso hasta la fecha fue la contratación de un abogado por S/ 300,000 para defender al exjefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Álvarez Moreno, acusado de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. Este exoficial, ascendido bajo el gobierno de Pedro Castillo, fue implicado en un supuesto «escuadrón de la muerte» que ejecutaba extrajudicialmente a presuntos delincuentes.
Asimismo, el suboficial PNP José Luis Capuñay Saldaña, acusado de lesiones graves y abuso de autoridad en un contexto de violaciones a los derechos humanos, también ha recibido representación legal, con un costo de S/ 50,000.
Aumento del gasto en defensa legal durante el gobierno de Boluarte
En el primer año de gestión de Boluarte, el Ministerio del Interior gastó S/ 619,350 en abogados. Para el año 2024, el gasto ya asciende a S/ 802,220, y podría seguir aumentando en los próximos meses, según las resoluciones consultadas por Infobae Perú. Las últimas adjudicaciones incluyen la contratación de defensores para el viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta, y el viceministro de Derechos Humanos, Charles Napurí Guzmán, ambos investigados por delitos contra la administración pública y organización criminal, respectivamente.
Si bien la contratación de defensores está amparada por la Ley del Servicio Civil, que garantiza la asistencia legal a funcionarios investigados por acciones en el ejercicio de sus funciones, fuentes en el Congreso han cuestionado la aplicación de esta norma en casos de corrupción y homicidio calificado.
