El Gobierno de Dina Boluarte ha generado controversia tras la publicación del Decreto Supremo N° 014-2024-MIDIS, que obliga al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a adoptar un indicador sintético único para medir la pobreza multidimensional en Perú. Esta medida, que afecta la autonomía del INEI, ha sido criticada por especialistas y sectores técnicos, quienes advierten que podría comprometer la transparencia y calidad de los datos oficiales.
El INEI, según el Decreto Legislativo N° 604, tiene autonomía técnica para formular indicadores estadísticos. Sin embargo, con este nuevo decreto, el Midis se convierte en juez y parte de las mediciones, afectando dimensiones clave como salud, educación, y acceso a servicios básicos. En lugar de los actuales 29 indicadores en ocho dimensiones, la pobreza multidimensional será resumida en un único índice, dejando fuera factores esenciales como desnutrición infantil, calidad educativa y seguridad ciudadana.
Especialistas como Javier Herrera (PUCP) y Javier Escobal (GRADE) han cuestionado la pertinencia de este índice único, señalando que prioriza la cobertura de servicios sobre su calidad. Además, advierten que podría utilizarse políticamente para “maquillar” cifras en un contexto donde indicadores como la anemia infantil y acceso a agua potable reflejan un deterioro.
El decreto establece que el INEI publicará las nuevas cifras en febrero y mayo de 2025, con datos correspondientes a 2023 y 2024, respectivamente. Mientras tanto, persisten las críticas sobre el impacto de esta medida en la credibilidad de los datos oficiales y su uso en la rendición de cuentas del Gobierno.
