Según la investigación publicada por El Comercio, la medida inicial del Gobierno generó una fuerte controversia y obligó a una rectificación para no afectar a las empresas formales.
La confusión se originó en las declaraciones contradictorias de altos funcionarios del Gobierno. Inicialmente, tanto la presidenta Dina Boluarte como el titular del Minem, Jorge Montero, anunciaron la suspensión de “toda actividad minera” en Pataz, sin especificar si esto incluía a las empresas formales. Esta ambigüedad fue reforzada por el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, quien admitió no estar seguro del alcance de la medida durante su presentación ante el Congreso.
Posteriormente, el ministro Montero aclaró que la suspensión solo afectaría a las empresas que no han completado su proceso de formalización. En Pataz, según el Minem, existen más de 200 empresas de pequeña minería y minería artesanal formales que operan dentro del marco legal y que, por lo tanto, no estarían sujetas a la suspensión. La medida busca, en cambio, ejercer mayor control sobre las actividades ilegales y facilitar la captura de delincuentes y organizaciones criminales que operan en la zona.
La rectificación del Gobierno se produjo tras intensas conversaciones y presiones por parte de gremios empresariales y el sector minero formal, quienes manifestaron su preocupación por los graves perjuicios económicos que una suspensión generalizada acarrearía. Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que suspender la actividad formal, que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias, sería contraproducente.
Representantes de la minera Poderosa, una de las principales empresas formales de la zona, también expresaron su preocupación por el impacto negativo que la suspensión tendría en sus operaciones y en la recaudación fiscal. De acuerdo con cifras de la SNMPE, la minería representa cerca del 10% del PBI nacional y genera importantes ingresos por concepto de impuestos y regalías. La suspensión de las operaciones formales, además de afectar la economía local, podría beneficiar a los mineros ilegales, quienes operan al margen de la ley y no se verían afectados por la medida.
Ante esta situación, el ministro Montero anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial para abordar el desarrollo y la formalización de las actividades mineras en Pataz. Este grupo, que incluirá a representantes de las rondas campesinas, las organizaciones de base y las autoridades locales, buscará encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el sector minero en la zona y promover la formalización de las actividades informales. La SNMPE ha ofrecido su apoyo técnico para la redacción de la norma que implementará las medidas anunciadas, con el objetivo de evitar que se afecte a las empresas formales que operan en la zona.
