El Gobierno bajo la dirección del primer ministro Alberto Otárola, ha aprobado un decreto legislativo que modifica la Ley de Migraciones para permitir la deportación rápida de extranjeros en situación irregular. La medida, anunciada en conferencia de prensa, responde a preocupaciones crecientes sobre la seguridad ciudadana y la presencia de criminales extranjeros en el país.
El decreto establece un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PAS), que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la capacidad de retener a ciudadanos indocumentados y someterlos a una audiencia rápida. La Superintendencia Nacional de Migraciones tendrá 24 horas para decidir sobre la expulsión o el impedimento de entrada al país, y la PNP implementará la resolución.
Este procedimiento, según Otárola, es “respetuoso de los derechos humanos y del debido proceso”, en línea con los tratados internacionales. Asegura que respeta la tutela procesal efectiva y el derecho de defensa.
Congreso aprobó pagar S/ 423 mil en membresías para foros interparlamentarios
La medida sigue a un plazo otorgado en mayo por la administración de Dina Boluarte para que los extranjeros tramiten el Permiso Temporal de Permanencia y se acojan a una amnistía de multas. Este plazo, que concluyó el pasado sábado, vio a más de 200.000 extranjeros, en su mayoría venezolanos, presentar solicitudes.
Otárola enfatizó que Perú no tolerará la entrada ilegal y que el decreto busca mantener el orden público. Además, destacó los esfuerzos del gobierno para regularizar la situación migratoria de los extranjeros, con más de 55.000 carnets de Permiso Temporal de Permanencia emitidos en los últimos seis meses.
El ministro del Interior, Vicente Romero, también reveló planes para coordinar con Ecuador y Colombia en la creación de un corredor humanitario para aquellos que sean expulsados. Sin embargo, Ecuador ha restado importancia a la idea, considerando baja la probabilidad de un éxodo migratorio desde Perú.
