El Gobierno de Perú ha designado el 2026 como el “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”, una frase cargada de intención política en un periodo marcado por la incertidumbre institucional. El Decreto Supremo N.º 141-2025-PCM, publicado este 26 de enero en El Peruano, ordena que esta denominación sea incorporada en todo documento oficial durante los 366 días del año bisiesto. La medida no es simbólica: cada nombre anual sirve como brújula para las prioridades estatales, reforzando mensajes de gobierno y activando compromisos específicos en ministerios, regiones y municipios.
¿Qué busca reforzar este mensaje político en 2026?
El Ejecutivo liderado por José Jerí enmarca esta designación dentro de la nueva Política General de Gobierno 2025-2026, titulada “Transición Democrática y Reconciliación Nacional”. Esta hoja de ruta fija como Eje 3 la garantía de elecciones generales transparentes, la defensa de la libertad de prensa, y el respeto absoluto a organismos electorales como la ONPE y el JNE. En ese marco, “esperanza” no es solo retórica: es un llamado directo a instituciones estatales para asegurar gobernabilidad real antes del fin del mandato.
¿Qué implica la denominación para instituciones públicas y privadas?
Más allá del símbolo, el nombre del año tiene efectos jurídicos: toda entidad pública está obligada a incluirlo en oficios, resoluciones, memorandos, publicaciones y hasta contratos. La PCM también ha invitado a entidades privadas a adherirse voluntariamente a la denominación, lo que en la práctica genera un entorno comunicacional homogéneo, útil para campañas cívicas, educativas y políticas públicas transversales. En 2025, más de 14 mil documentos oficiales circularon con la denominación vigente, un número que se prevé superar este año.
¿Qué rol cumple este “nombre del año” en el diseño de políticas?
Este tipo de denominaciones tiene un valor estratégico en la planificación estatal. Desde 1963, el Perú ha usado esta herramienta para priorizar temas urgentes: desde salud y educación hasta lucha anticorrupción. En 2026, se usará como ancla discursiva para medidas de integridad, fortalecimiento institucional y orden electoral. En palabras de la ministra de Justicia, Rosario Maraví, “el nombre del año no es un adorno: es una hoja de ruta comprimida”. En 2011, por ejemplo, sirvió para sustentar 19 políticas públicas centradas en inclusión social.
¿Qué medidas concretas se derivan de esta Declaratoria?
Además de las menciones en documentos, la PCM ha anticipado una agenda nacional con 26 hitos clave: desde el Plan de Integridad Pública 2026 hasta mesas regionales de diálogo político. Se busca cerrar el año con una rendición de cuentas ordenada, pactar una transición sin sobresaltos y blindar el proceso electoral con estándares internacionales. Para ello, se asignará un presupuesto inicial de S/42 millones solo para actividades de promoción institucional y monitoreo ciudadano. La Contraloría anunció que duplicará sus auditorías en gobiernos regionales entre abril y octubre.
¿Se cumplirá lo prometido o será otra frase Vacía?
El reto ahora es convertir esperanza en realidad tangible. ¿Fiscalizará el Congreso este proceso o saboteará la transición? ¿Garantizará el Ejecutivo un proceso electoral sin interferencias? ¿Aplicará la Fiscalía sanciones efectivas antes de que termine el mandato? El nombre está escrito. Lo que no está claro es si alguien lo hará valer. Las próximas 12 semanas serán decisivas para saber si el 2026 quedará en la memoria como un año de reconstrucción o como otra promesa diluida en el papel membretado del Estado.
