Defensor del Pueblo rechaza obstaculización de máxima autoridad de la Contraloría
Marco Durand Rocca, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, señaló que el impedimento del Contralor de la República y la congresista Elizabeth Medina a la obra de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, podría generar consecuencias legales contra el gobernador Antonio Pulgar, el jefe de Transporte, Álvaro Mendoza Castillo, y sus funcionarios.
“Indudablemente, viene a ser un evidente delito, ni siquiera es una actitud administrativa. La Contraloría tiene todo el derecho por mandato legal de intervenir aquellas obras donde los fondos del estado están en cuestión”, acotó.
“Las sanciones no solamente son administrativas, sino que de consumarse este hecho de que se está hablando, entraría en el ámbito penal y entraría también en la jurisdicción del ministerio público”, adelantó.
“Hay denuncias que se habría sobrevalorado el edificio de Transporte y Comunicaciones que se ha construido y otras obras. La Contraloría tiene la obligación de venir a investigar y poner en conocimiento al propio estado si es que se ha administrado bien o no”, comentó.
“En la construcción del nuevo local de Transportes y Comunicaciones, simple y sencillamente, lo que han hecho es incumplir con la ley. La autoridad debe de contribuir a que la Contraloría cumpla con realizar su trabajo, brindarle todas las facilidades para que realice sus funciones de fiscalización. Tome manifestaciones, visite el lugar en cuestión y reúna los medios probatorios para confirmar o descartar la sospecha que se tiene con respecto a un mal procedimiento de la entidad local”, expresó.
