Sin pruebas suficientes: Archivan denuncia contra gobernador Pulgar y colaboradores
En un giro significativo, la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios ha decidido archivar la denuncia por organización criminal contra el gobernador Antonio Pulgar y varios de sus colaboradores y familiares. La decisión, emitida el 3 de octubre y contenida en la Disposición Fiscal n. ° 003-2023, pone fin a las acusaciones que pesaban sobre el gobernador, su hermano Enrique Pulgar, y los funcionarios Daniel Mallqui Estacio, David Caqui Acosta, entre otros.
La resolución fiscal establece que “no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por el delito de organización criminal en agravio del Estado”. El fiscal provincial del Cuarto Despacho, Iván Carrión Cabrera, fundamentó su decisión en la falta de pruebas y elementos estructurales que justifiquen una investigación preliminar por el delito de organización criminal.
La denuncia, interpuesta por Límber Rodriguez Jara, fue considerada insuficiente para abrir una investigación, ya que “no se encuentra datos objetivos del delito de organización criminal”, según el documento fiscal. La resolución destaca que la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en la Ley n. ° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, que exige la presencia de elementos como estructura organizativa, objetivos y funciones para configurar una organización criminal.
Esta denuncia se originó a raíz del otorgamiento de la buena pro del proyecto “Creación del servicio de provisión de agua para riego de 12 localidades del distrito de Huacrachuco, provincia de Marañón, departamento de Huánuco”. El proyecto, valorado en 51.9 millones de soles, fue adjudicado en favor del Consorcio New Rain el 12 de julio de este año.
Dato:
Con el archivo de esta denuncia, el gobernador Antonio Pulgar y los demás implicados ven despejado el horizonte legal que había ensombrecido su gestión. Sin embargo, el caso pone de manifiesto la necesidad de un escrutinio más riguroso en la presentación de denuncias de esta naturaleza, para evitar el desgaste institucional y el impacto en la confianza pública.
