La seguridad penitenciaria en el Perú se encuentra en un punto de inflexión. El reciente anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, sobre la privatización del control de acceso a los penales, ha generado un intenso debate sobre la eficacia y las posibles consecuencias de esta medida. Este cambio se produce en un contexto marcado por la fuga de reos, denuncias de corrupción y una crisis de hacinamiento que amenaza con el cierre de varios centros penitenciarios, de acuerdo con un fallo del Tribunal Constitucional.
Según la investigación publicada por El Comercio, la decisión gubernamental busca paliar las evidentes deficiencias en el sistema penitenciario, delegando al sector privado la responsabilidad de la administración y resguardo de los ingresos a las cárceles.
La medida, que se ampara en un decreto legislativo de hace más de una década, priorizará aquellos penales que presentan mayores problemas y riesgos. El ministro Arana justifica esta iniciativa argumentando la falta de personal y equipos adecuados para un control efectivo en los accesos. “Hay ausencia de agentes penitenciarios y hay problemas en el ingreso de las personas. ¿Qué sucede? No hay bodyscan. Los rayos X para las maletas, los alimentos, las cosas que ingresan, no funcionan. Y si funcionan, funcionan mal. Entonces, tenemos déficit de personal y déficit de equipos en los ingresos”, explicó Arana, evidenciando una situación precaria que, según sus declaraciones, se ha prolongado por más de diez años.
El Gobierno planea lanzar un concurso público para seleccionar a las empresas privadas que se harán cargo de esta tarea, mediante la firma de un Decreto de Urgencia. Es importante destacar que, según el ministro, la administración y el control de los internos dentro de las cárceles seguirán siendo responsabilidad del Estado, a través del INPE. Esta distinción busca delimitar el alcance de la privatización, concentrándola exclusivamente en los accesos a los penales.
Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Erika Solis, investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP y experta en criminalidad, advierte sobre las posibles contradicciones ético-jurídicas que pueden surgir, especialmente en lo que respecta al uso de la fuerza y el manejo de información sensible. Solis cuestiona la capacidad y el aval de las empresas privadas para ejercer mecanismos de seguridad en cárceles con altos niveles de hacinamiento. “Puede ser incluso muy cuestionable el hecho de que se ejerza por un privado que no sabemos si está realmente capacitado para este tipo de cosas, y más allá de eso, no se sabe cuál es el aval que tiene para realizar el ejercicio de mecanismos de seguridad que se requieren en cárceles tan hacinadas como las nuestras”, señala Solis, poniendo en duda la efectividad de esta política.
Otro aspecto crucial es el fallo del Tribunal Constitucional del 2020, que estableció un plazo de cinco años para superar el hacinamiento en las prisiones, bajo la amenaza de cierre de los penales más sobrepoblados. Este plazo vence en mayo de este año, lo que añade presión al Gobierno para encontrar soluciones a la crisis penitenciaria. El ministro Arana, en respuesta a este fallo, ha señalado que su gestión ha incorporado en la ley de endeudamiento del sector público un monto de tres mil millones para la construcción de nuevos penales, aunque reconoce que la pandemia impidió una mayor inversión en este rubro en años anteriores.
Además de la privatización de los accesos, el Gobierno también está tomando medidas para controlar las comunicaciones ilegales en los penales. Se espera la firma de un reglamento del Decreto Legislativo 1688, que regula las obligaciones y sanciones para las empresas operadoras de telecomunicaciones en relación con las señales electromagnéticas en los centros penitenciarios. Según el ministro Arana, este reglamento establece que la responsabilidad de las señales será de los operadores, quienes deberán evitar la presencia de señal externa de telefonía en los penales. También, se espera la entrada en funcionamiento de bloqueadores de señales en 33 penales, a cargo de una empresa privada, luego de que el INPE subsanara las observaciones administrativas. Este conjunto de medidas busca fortalecer la seguridad y el control en el sistema penitenciario peruano, aunque su efectividad y sus posibles consecuencias aún están por verse.
