El exalcalde Jesús Giles, 10 de sus funcionarios y 6 regidores cometieron una serie de irregularidades en la ejecución de las pistas, veredas y cambio de tuberías de Huánuco con S/10 000 000, que abandonó el Consorcio Virgen de la Puerta. Estas irregularidades generaron un perjuicio económico de S/377 687.59 al municipio.
Así lo advierte la Contraloría General de la República en su informe de auditoría n.° 873 de la construcción de las pistas, veredas y cambio de redes de agua y alcantarillado que dejó incompleto el Consorcio Virgen de la Puerta en 2014 llevándose millones de soles que no puede recuperar la actual gestión.
Involucrados
Junto a Giles están involucrados los exregidores Nilton Llanos Doria, Juan Ollague Rojas, Melsi Victorio de Castañeda, Cecilia Zevallos León, Iván Núñez Barboza y Joel Arteaga Calixto, los ex funcionarios ediles Zulma Picón Ruíz, Irene Rojas Meza, Marco Argandoña Mendoza, Godofredo Domínguez Meza, José Kohama Higa, Juan Ramos Salinas, Napoleón Huere Rosas, Celso Cajas Esteban y Eugenio Toledo Barrueta. Este caso también salpica a Lorenzo Huánuco Carlos, exgerente en la gestión de Aníbal Solórzano.
Quienes no están incluidos en este caso son el exregidor Cléver Zevallos, socio de Giles y ex gerente municipal.
Irregularidades
Las irregularidades comenzaron con la aprobación del préstamo en 2013 que forzó la gestión de Giles en Concejo que aprobó el crédito de S/10 000 000 del Banco de la Nación para la construcción de 2 proyectos valorizados en S/175 000 000. Los regidores promovieron el préstamo para la primera etapa de los proyectos cuando a nivel de preinversión no se consideró la construcción por etapas.
La CGR detectó que el contrato entre la MP-Hco. con Virgen de la Puerta y el Consorcio Supervisor Huánuco se firmó pese que las empresas no presentaron documentos obligatorios y con cartas fianza ilegales que aceptaron los funcionarios que pagaron valorizaciones por metas incompletas pese a advertencia de la Sociedad Auditora.
La escandalosa conciliación extrajudicial donde la exasesora Zulma Picón aceptó que la empresa construya solo 24 cuadras cuando el contrato era para 30 cuadras también fue advertida por la CGR aunque no halló perjuicio económico. La CGR indica que Picón motivó su participación en la conciliación que favoreció a la empresa y perjudicó a Huánuco.
El informe fue remitido a Procuraduría Pública de la CGR para que inicie acciones legales contra los implicados.
Préstamo
Los regidores Llanos, Ollague, Victorio y Zevallos lograron con una reconsideración la aprobación del préstamo sin ningún sustento técnico con apoyo de Núñez y Pimentel que emitieron un dictamen a favor del endeudamiento, que fue respaldado por Arteaga. Ellos no fiscalizaron las irregularidades. Con informes favorables de los gerentes Rosas, Argandoña y Domínguez, el Concejo aprobó el préstamo sin sustento técnico.
Rojas, gerente de Desarrollo Local, no informó a OPI sobre variaciones de presupuesto de los proyectos y elaboró la resolución que aprobó el expediente incompleto. Argandoña, subgerente de proyectos y obras públicas, justificó el préstamo sin sustento técnico. Domínguez, como gerente de Planificación, respaldó el préstamo pese a que los proyectos superaban el crédito y estaban visados por él para que se ejecuten de manera integral no por etapas.
Cajas, como subgerente de Abastecimiento, aceptó y tramitó los documentos del ejecutor y supervisor fuera de plazo para suscripción de contrato.
Perjuicio
Incumpliendo sus funciones la gerente de Desarrollo Local, Irene Rojas, dio conformidad de pago de valorización por mayores metrados ejecutados causando un perjuicio económico de S/214 835.27.
Argandoña, en su condición de gerente de Desarrollo Local, no solo aprobó el expediente incompleto sino que autorizó el pago de valorizaciones que no correspondían a los metrados construidos causando un perjuicio económico de S/162 852.43 por incumplir su deber.
Kohama, como subgerente de supervisión y liquidación, dio conformidad para el pago de valorización por metas ejecutadas parcialmente generando un perjuicio económico de S/159 017.50.
Ramos, siendo subgerente de Supervisión, dio conformidad a otra valorización con incompletas generando un perjuicio económico de S/59 596.05.
Huere, como gerente de Desarrollo Local, aprobó el pago de más valorizaciones parcialmente ejecutadas causando perjuicio económico por S/214 835.27.
Los pagos se lograron por responsabilidad del entonces subgerente de Tesorería, Eugenio Toledo, y del administrador José Rojas que visaron, giraron y emitieron los comprobantes de pago para cancelar el adelanto directo y de materiales aceptando como garantía las cartas fianza ilegales lo que generó después que la MP-Hco. no ejecute la fianza. Pese a ello, continuó pagando las valorizaciones.
Conciliación
Por autorización de Giles, Picón como gerente de Asesoría Jurídica, concilió con la empresa reduciendo las cuadras del contrato n.° 033-2013. La CGR determinó que Giles y Picón incumplieron sus funciones. Agrega que Picón motivó su participación en la conciliación y estableció la fórmula conciliatoria, sin sustento técnico, que redujo las cuadras a construir, incumpliendo el contrato a suma alzada que obliga a la empresa a sujetarse a los términos del contrato. Según CGR, por esta modalidad, no eran factibles las modificaciones del contrato. “La funcionaria quebrantó su deber funcional, afectando la transparencia con la que deben actuar en la realización de los actos propios de su cargo”, dice el informe.
Carta fianza
Lorenzo Huánuco, exgerente de Administración de Solórzano, también fue incluido en el informe por demorar en la ejecución de la carta fianza de adelanto directo después que se venció el plazo lo que permitió el vencimiento de la carta pese a sabía del estado de esa fianza y a pesar de que el alcalde le ordenó ejecutarla.
Concejo
El regidor Lorenzo Silva, que formó parte del gobierno de Giles, pidió al Concejo que solicite a CGR amplíe las investigaciones porque en el informe exculpa a Zulma Picón y no incluye al gerente municipal Cléver Castañeda, funcionarios de confianza de la exgestión que tuvieron injerencia directa en este caso.
El alcalde Aníbal Solórzano también consideró que hay benevolencia con Picón en el informe de CGR. Dijo que la conciliación generó perjuicio al municipio porque por responsabilidad de Picón se redujeron la pavimentación de las cuadras.
