El Congreso de la República del Perú, bajo la gestión de Alejandro Soto, ha generado polémica al ampliar el despilfarro de recursos públicos con la adquisición de 35 tarjetas electrónicas adicionales, destinadas a ser entregadas en diversas festividades laborales y sociales a lo largo del año. Esta decisión, que fue acordada el 11 de diciembre pasado, se suma a las críticas por los gastos excesivos y los bonos extraordinarios en un contexto de recesión económica que atraviesa el país.
El acuerdo 068 del periodo de sesiones 2023-2024, impulsado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON), fue aceptado por Soto y sus vicepresidentes, asignando un aguinaldo navideño de S/ 1.700 en tarjetas electrónicas de consumo para diciembre. Esta medida implica un desembolso adicional estimado en S/59.500 para el próximo año.
La Dirección General de Administración, liderada por la excongresista Marisol Espinoza, se encargará de la adquisición y distribución de estas tarjetas. Además, se autorizó un aguinaldo por Navidad para la División de Seguridad del Parlamento supervisada por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esta serie de gastos se suma a otros controvertidos desembolsos realizados a lo largo del año, incluyendo la adquisición e instalación de equipos de alta definición para el canal del Congreso y la contratación de pólizas de seguro. Las críticas se centran en el manejo de los fondos públicos y la priorización de gastos en un momento en que el país requiere una administración más eficiente y transparente de sus recursos.
