La gerente municipal de Transportes de Huánuco, Ligia Dávila, respondió a las acusaciones formuladas por dirigentes del sector transporte, quienes denunciaron presuntos actos de hostigamiento, abuso de autoridad y supuestas exigencias de pagos irregulares por parte de inspectores municipales. En su pronunciamiento, la funcionaria rechazó de manera enfática dichas imputaciones y sostuvo que no existe ninguna denuncia formal por corrupción registrada en su despacho.
La gerente también negó que exista persecución contra el gremio y respaldó el trabajo del cuerpo de inspectores municipales. En relación con los rumores sobre una eventual renuncia, manifestó que su permanencia en el cargo depende exclusivamente del alcalde, en su calidad de titular del pliego. No confirmó un respaldo explícito, aunque tampoco anunció su salida.
Según declaró, la raíz del conflicto radica en el uso de la vía pública como zona de espera informal. Dávila aseguró que el 100% de las empresas de transporte urbano e interurbano no cuenta con cochera ni playa de estacionamiento, lo que —de acuerdo con su versión— obliga a que las unidades permanezcan estacionadas en calles consideradas rígidas o de alta congestión.
La funcionaria señaló que los operativos ejecutados por la gerencia responden a una política de recuperación de espacios públicos invadidos, tanto en zonas rápidas como en sectores donde combis y trimóviles establecen paraderos sin autorización.
Frente a los señalamientos de presuntas coimas, Dávila sostuvo que no existe investigación interna ni denuncia formal en la Gerencia de Transportes por actos de corrupción. Indicó que cualquier transportista que se considere afectado debe presentar pruebas ante las instancias administrativas o judiciales correspondientes.
Asimismo, afirmó que “no solamente es corrupto el que recibe, sino también el que entrega”, señalando que, según su postura, quienes realizan pagos indebidos lo hacen porque no se encuentran en regla. Agregó que un transportista con documentación vigente no tendría por qué entregar dinero a ninguna autoridad.
Uno de los puntos más sensibles abordados fue el proyecto de ordenanza impulsado por representantes del transporte, que plantea autorizar paraderos transitorios en el jirón Leoncio Prado (cuadras 9, 10 y 11) y en el jirón Independencia (cuadras 7, 8 y 9).
Según Dávila, ambas vías son consideradas zonas rígidas y presentan altos niveles de congestionamiento, por lo que —desde el punto de vista técnico— no sería viable permitir paraderos, incluso por uno o dos minutos. La funcionaria indicó que el proyecto ya fue elevado a la Comisión de Transporte del Concejo Municipal para su evaluación en una mesa de trabajo con participación de regidores y representantes del sector.
En otro momento, al ser consultada sobre talleres mecánicos que operan en la vía pública, precisó que ese tema no corresponde a la Gerencia de Transportes, sino a otra dependencia municipal, al tratarse —según señaló— de comercio ambulatorio.
De esta manera, el debate entre la municipalidad y el sector transporte continúa abierto, con posiciones marcadas respecto al uso del espacio público, la fiscalización y la viabilidad de nuevos paraderos en zonas críticas de la ciudad.
