Mientras tanto, más de 350 solicitudes fueron rechazadas sin explicación oficial en Huánuco
La Subprefectura Distrital de Huánuco solo aprobó ocho solicitudes de garantías personales en lo que va del año, de un total de más de 365 expedientes ingresados, según declaró el subprefecto Omar Quiñones Paredes. La cifra fue confirmada en una entrevista radial, en la que también se refirió a los mecanismos para acceder a este tipo de medidas de protección. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las razones por las cuales más de 350 solicitudes no fueron admitidas, lo que ha generado preocupación ciudadana por la posible discrecionalidad en el proceso.
De acuerdo con Quiñones, los expedientes deben estar acompañados de una declaración jurada y, en lo posible, contar con una denuncia previa en una comisaría, un Centro de Emergencia Mujer (CEM) o en la Fiscalía.
“Nosotros manejamos dos formularios, uno para garantías personales y otro para violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar”, precisó. Añadió además que el plazo establecido por normativa para otorgar la garantía es de 24 horas, una vez que se ha evaluado la solicitud.
Este año se redujo
Según indicó el propio subprefecto, en el año 2023 se aprobaron más de 10 solicitudes de garantías personales. En ese sentido, consideró que la cifra actual representa una reducción, la cual —a su juicio— estaría relacionada con las campañas de sensibilización, pasacalles y jornadas de prevención realizadas en años anteriores.
“Estamos viendo los resultados de un trabajo de prevención que continúa”, sostuvo Quiñones, aunque no presentó datos que permitan verificar esta relación de manera objetiva.
Durante la misma entrevista, el funcionario también reconoció que algunas de las solicitudes habrían sido presentadas por personas vinculadas a cargos públicos o autoridades locales, aunque evitó precisar identidades o cargos. Al ser consultado si se trataba de autoridades huanuqueñas, solo señaló que todos los expedientes que resultan con garantías son trasladados a la Fiscalía Penal Corporativa, para que dicha entidad valore la apertura de carpetas fiscales cuando corresponda.
Garantías activan denuncias fiscales
De acuerdo con la versión del subprefecto, una vez aprobadas, las garantías personales activan de inmediato un proceso formal en la fiscalía. “Nosotros corremos traslado a la Fiscalía Penal Corporativa, para que ellos, en base a sus competencias, hagan las precisiones necesarias y aperturen una carpeta fiscal hacia el agresor”, declaró. Sin embargo, no se precisó cuántos de estos traslados resultaron efectivamente en investigaciones fiscales activas, ni cuántas de ellas concluyeron con medidas de protección concretas por parte del Poder Judicial.
Tampoco se informó si desde la Subprefectura se realiza algún tipo de seguimiento a los casos que obtienen garantías. La ausencia de estos datos dificulta evaluar la efectividad del sistema de protección, especialmente en una región donde la violencia contra la mujer sigue siendo una de las principales causas de atención legal y social.
En relación a los tipos de agresión denunciados, Quiñones aseguró que la mayoría de las solicitudes de garantías responden a violencia física ejercida contra mujeres por parte de sus parejas, señalando que “el machismo sigue muy presente en Huánuco”. Afirmó que, actualmente, existen tres medidas de protección activas en las que se ha ordenado que el agresor no se acerque a menos de 300 metros de la víctima.
Falta de acceso a justicia
Organizaciones civiles y colectivos feministas han advertido que los procesos de solicitud de garantías personales, pese a estar contemplados como mecanismos preventivos, no siempre son accesibles para las víctimas de violencia, ya sea por desconocimiento, exigencias documentarias o decisiones poco transparentes por parte de las autoridades.
