Durante su testimonio ante el Ministerio Público, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, reconoció haber instruido a cercanos del partido para efectuar aportes en efectivo, pese a que las cuentas oficiales estaban embargadas. El pronunciamiento se dio en el marco del caso Lavamoto, que investiga un presunto esquema de lavado de activos dentro de la campaña electoral de 2021.
De acuerdo con la declaración registrada por la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, Galarreta admitió haber orientado directamente a un colaborador —el empresario Juan Tassara García— sobre cómo realizar aportes en especie o en efectivo “dentro de la legalidad”. Esta decisión habría sido motivada por la vigencia de una norma que restringía las donaciones privadas, según explicó el propio excongresista.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que esa explicación no se ajusta a la evidencia. Según el registro contable del partido, al menos 76 personas habrían aportado un total de S/ 1.258.708 bajo la categoría de “aportes en especie” para respaldar las impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones tras la derrota frente a Pedro Castillo.
El problema, según el Ministerio Público, es que muchos de esos aportes no fueron en especie, sino en efectivo. Las entregas se habrían realizado directamente en locales partidarios o mediante terceros, sin bancarización, sin trazabilidad financiera y en varios casos, sin que los presuntos aportantes supieran el destino de su dinero.
Algunos incluso negaron haber hecho donaciones. Otros, como el empresario Germán Kruger, señalaron haber entregado dinero en efectivo, mientras el partido consignó boletas internas por aportes en especie. La contradicción forma parte central de la tesis fiscal.
“Fue una cosa rara”, declaró Kruger al ser consultado por el Ministerio Público. El empresario sostuvo que la entrega de S/ 60.500 se habría realizado en una oficina privada en Miraflores, aunque no recuerda a quién ni cómo. Añadió que usualmente sus aportes eran por transferencia bancaria o con cheques de gerencia, pero en este caso se le indicó que no se podía usar cuentas porque “estaban embargadas”.
La Fiscalía advierte que esta modalidad evidencia el manejo de sumas “elevadas” sin respaldo bancario, dentro de una “estructura partidaria que habría funcionado como vehículo para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito”.
