La preparación ante emergencias sanitarias es una inversión crucial para la protección de la ciudadanía. Incidentes recientes, como los tornados que azotaron St. Louis, el incendio en un asilo de Alabama y los cortes de energía en Cleveland, han demostrado la importancia vital de los departamentos de salud locales en la gestión de crisis. Estas instituciones son el primer frente de respuesta, coordinando evacuaciones, asistiendo a hospitales y asegurando el bienestar de las poblaciones afectadas. En los últimos años, eventos climáticos extremos han aumentado en frecuencia e intensidad, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las ciudades, y dejando en evidencia la necesidad de recursos adecuados para mitigar su impacto.
Según la investigación publicada por The New York Times, estos esfuerzos de preparación y respuesta se ven amenazados por recortes presupuestarios a nivel federal. La propuesta de eliminar la financiación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destinada a programas de preparación ante emergencias sanitarias, aproximadamente $735 millones, genera gran preocupación entre los funcionarios de salud locales.
Esta medida se suma a los $12 mil millones ya recortados a los departamentos de salud estatales y locales en marzo, una situación que ha llevado a 19 estados y al Distrito de Columbia a emprender acciones legales para evitar estas reducciones. La doctora Matifadza Hlatshwayo Davis, ex directora de salud de St. Louis, enfatizó la dependencia de su ciudad en estos fondos, especialmente considerando los riesgos sísmicos y las frecuentes inundaciones que enfrenta. Sin esta financiación, advierte, la población de St. Louis y sus visitantes quedarían en una situación de vulnerabilidad extrema. Los fondos en cuestión son distribuidos a través del acuerdo cooperativo de Preparación para Emergencias de Salud Pública, creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas biológicas y otras emergencias.
Los recursos proporcionados por este programa permiten a los departamentos de salud gestionar las consecuencias de desastres naturales y provocados por el hombre, así como contener brotes de enfermedades infecciosas. Además, financian los salarios de personal capacitado esencial para la planificación, mitigación y respuesta ante estas crisis. Aunque las cantidades varían según la jurisdicción, la eliminación de estos fondos tendría un impacto significativo incluso en ciudades grandes como Dallas, que recibe cerca de $2 millones, y aún más en departamentos de salud más pequeños.
En Alabama, los programas de preparación para emergencias dependen completamente de las subvenciones federales. El estado, vulnerable a tornados, huracanes e intensas heladas, necesita urgentemente la intervención de los funcionarios de salud. El doctor Scott Harris, responsable de salud del Departamento de Salud Pública de Alabama, destaca la frecuencia con la que deben activar estos programas. La financiación federal no solo cubre los salarios, sino que también es vital para la capacitación y coordinación de voluntarios, quienes desempeñan un papel crucial en emergencias como las campañas de vacunación contra el COVID-19 y la viruela del mono.
En Cleveland, los funcionarios de salud encargados de la preparación han respondido a llamadas de hospitales en plena noche por posibles casos de ántrax u otras amenazas infecciosas. El doctor David Margolius, director de salud pública de Cleveland, señala que este es un trabajo “invisible” que se centra en la preparación para los peores escenarios, que afortunadamente no siempre ocurren. Sin embargo, subraya la importancia de estar preparados para proteger a los residentes. La incertidumbre sobre la renovación de estos programas ha existido desde las últimas elecciones, pero el recorte abrupto de fondos ha tomado a muchos por sorpresa.
