En nuestro país hay muchas instituciones a las que la población desaprueba y hasta repudia por su pésimo trabajo, como el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, entre otras.
Por un lado están las constantes denuncias de gente que clama justicia por el asesinato de familiares, violaciones, estafas, etc., muchas de ellas sin solución. Son constantes las ampliaciones de investigaciones que parecen nunca concluir, y peor aún, sin sancionar a los verdaderos responsables.
Un claro ejemplo es el asesinato de la lideresa de la etnia asháninka, Ruth Buendía, simplemente por ausencia del Estado en la zona. La poca importancia que las instituciones del Estado le dan a los grupos étnicos es una de las causas de su vulnerabilidad de sus vidas y sus derechos. Ellos muchas veces tienen que recurrir a la ira del pueblo para hacer justicia con sus propias manos, debido a que no encuentran apoyo de los órganos jurisdiccionales. Lamentablemente, no solo de las instituciones administradoras de justicia, sino de las municipalidades y gobiernos regionales.
Es sorprendente el hermetismo y falta de comunicación que demuestran estas instituciones para con la prensa y la sociedad en general. La mayoría de funcionarios que trabajan en estas instituciones tienen temor a hacer una declaración oficial sobre algún tema que competa a su puesto, principalmente por desconocimiento del asunto o presencia de irregularidades. Esto es sumamente preocupante, ya que se está eligiendo a personas sin la experiencia ni las calificaciones necesarias para asumir responsabilidades que tienen injerencia en la sociedad.
La legislación peruana tiene muchos vacíos que son aprovechados, en la mayoría de los casos, para sacarle la vuelta a la Ley. Se debe analizar y discutir una reforma del sistema judicial, Ministerio Público y Jurado Nacional de Elecciones de manera urgente.



