Ante las críticas por el uso del término “terrorismo de imagen” por parte de la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respaldaron dicha expresión, generando mayor preocupación en los gremios periodísticos. En lugar de calmar los temores sobre una posible criminalización de la prensa, los funcionarios ofrecieron ejemplos que refuerzan esta postura, insinuando que cualquier noticia que consideren perjudicial será catalogada como falsa.
Según el artículo de Infobae escrito por Camila Calderón, Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), defendió a Boluarte, afirmando que las noticias falsas buscan desestabilizar al Gobierno. No obstante, la preocupación surge porque la definición de “noticia falsa” parece ser utilizada según los intereses del Ejecutivo. Un ejemplo fue la negación de Adrianzén de que el paro del 10 de octubre estuviera organizado por transportistas, basándose en que el sector formal no participaría, sin tomar en cuenta el apoyo del sector informal. También calificó como “mentira” las declaraciones de Henry Shimabukuro sobre un supuesto vínculo entre Dina Boluarte y Andrés Hurtado, tachándolo de “fake news” con la intención de crear inestabilidad. “A ese terrorismo de imagen nos referimos”, recalcó.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no se quedó atrás y en una conferencia criticó a La República por su cobertura sobre la restitución de facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) para investigar delitos, instando a la prensa a “aclarar sus ideas”. Santiváñez justificó esta medida alegando que la Fiscalía no había actuado adecuadamente en algunos casos de extorsión, aunque no proporcionó suficiente contexto para sustentar sus afirmaciones.
Preocupación de los gremios periodísticos
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han expresado su inquietud por el uso del término “terrorismo de imagen”. Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, teme que el Ejecutivo esté considerando una nueva figura delictiva para criminalizar la labor periodística, mientras que Rodrigo Salazar, director del CPP, advierte que este tipo de discursos podría llevar a extremos, como ha sucedido en otras dictaduras de la región.
