El último sábado, la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana expuso un informe que saca a la luz casos polémicos en cuanto al uso del financiamiento público directo en partidos políticos peruanos, incluyendo Perú Libre y Fuerza Popular.
Según el análisis, durante 2022, se destinaron S/417 000 para pagos a individuos con condenas o investigaciones en curso, incluyendo S/129 000 a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y S/53 000 a Pier Figari, exasesor de Fuerza Popular.
En el caso de Perú Libre, el informe muestra que los pagos se hicieron a personas involucradas en procesos legales, incluyendo a Vladimir Cerrón, investigado por lavado de activos y condenado por corrupción.
Además, se asignaron pagos a Luis Ramón Mori Sánchez y Jimmy Sarmiento Juli, también involucrados en procesos judiciales. Los fondos para estos pagos procedían del financiamiento público directo recibido por Perú Libre debido a su representación en el Congreso.
Fuerza Popular tampoco escapa al escrutinio, con pagos a su exasesor Pier Figari y otros militantes como Adriana Tarazona y Carmela Paucará, todos investigados por el presunto delito de lavado de activos. En total, el cerronismo y el fujimorismo gastaron S/417 000 en este periodo, cuestionando la ejecución de los fondos públicos, especialmente cuando la ley exige que al menos el 50% de estos fondos se utilice en la formación de los militantes.
