El Poder Judicial dispuso que Fuerza Popular sea comprendido formalmente en la investigación por lavado de activos seguida contra Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido y figura clave del entorno político de Keiko Fujimori. La medida fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado el pedido presentado por el Ministerio Público, al considerar que existen elementos que justifican la incorporación de la organización política dentro del proceso.
La decisión se enmarca en el caso Alas Peruanas, una investigación fiscal que sostiene que el partido habría recibido aportes presuntamente ilícitos vinculados a un supuesto fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas (UAP), institución que habría estado bajo influencia de familiares del investigado, entre ellos su tío, Fidel Ramírez Prado.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el ingreso del dinero al partido no habría sido casual ni aislado, sino parte de un circuito destinado a canalizar y legitimar recursos de origen irregular, aprovechando la estructura financiera y operativa de la agrupación política. La Fiscalía señala que estos aportes se habrían efectuado en el contexto de las campañas presidenciales del 2011 y 2016, consideradas etapas críticas por el volumen y relevancia de la competencia electoral.
Montos bajo sospecha
Según la tesis fiscal, Fuerza Popular habría recibido aportes que, en conjunto, reflejan un patrón de financiamiento cuestionado. En su investigación, el Ministerio Público menciona que entre los años 2014 y 2015 se habría entregado al partido un total de S/ 54,536.65, mientras que en el año 2011 el monto habría ascendido a S/ 210,000.
Además, se registran transferencias que refuerzan la línea de investigación: la Fiscalía identifica como parte del presunto esquema la transferencia de dos inmuebles ubicados en zonas estratégicas de Lima: uno en la avenida Bucaré, urbanización Camacho (La Molina), y otro en la avenida Arequipa (Miraflores). Para la investigación, estos bienes constituirían un mecanismo adicional para favorecer, ocultar o consolidar recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita.
En su argumentación, la Fiscalía sostiene que el partido habría funcionado como un posible vehículo institucional para el ingreso de dinero irregular, lo que habría permitido —según esta hipótesis— colocar los aportes dentro del sistema formal. Bajo esta línea, la imputación se centra en la idea de que la organización política habría facilitado el ocultamiento, tenencia y administración de dinero presuntamente vinculado a actividades irregulares.
Aportes habrían buscado beneficios
Uno de los puntos centrales de la hipótesis fiscal se basa en el supuesto objetivo de los aportes. Según el Ministerio Público, estos recursos no solo habrían sido entregados para apoyar campañas, sino con la intención de obtener beneficios futuros en caso Fuerza Popular llegara al Gobierno. La investigación plantea que, si el partido alcanzaba el Poder Ejecutivo, los aportes podrían haber sido retribuidos mediante obras públicas sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables, especialmente orientados a facilitar el funcionamiento de ciertas actividades económicas relacionadas con cooperativas y universidades privadas.
