El vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, está en el ojo del huracán por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al programa social Qali Warma. Según el Ministerio Público, Hinojosa habría intervenido para beneficiar a la empresa Frigoinca, favoreciéndola en los procesos de compra de alimentos destinados a los escolares más vulnerables del Perú. “Hinojosa es señalado como pieza clave en esta organización, investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada”, señaló la Fiscalía. Según Mariana Quilca Catacora para Infobae.
La controversia se intensificó luego de que la Fiscalía Anticorrupción lograra que se dictara un impedimento de salida del país contra Hinojosa. Aunque se salvó de ser detenido debido a la falta de promulgación de la norma que restituye la detención preliminar, su participación en este escándalo ha puesto en jaque la imagen del Ejecutivo, que hasta ahora le ha brindado respaldo.
El rol de Fredy Hinojosa en la red de corrupción
De acuerdo con un informe publicado por Hildebrandt en sus trece, Fredy Hinojosa desempeñó un papel central en la trama de corrupción mientras se desempeñaba como jefe de Qali Warma, entre 2019 y 2022. Durante ese periodo, se le acusa de firmar resoluciones que modificaron las directivas de compra, otorgando ventajas específicas a Frigoinca, la empresa liderada por el fallecido empresario Nilo Burga.
Un aspirante a colaborador eficaz reveló detalles comprometedores sobre estas operaciones. Según su testimonio, en una reunión del directorio de Frigoinca a fines de 2021, Burga se mostró confiado en el apoyo que recibiría de Hinojosa. “El 2022 va a ser mi año porque mi compañero Fredy va a sacar los macrorregionales y Lima lo declarará una isla para que no pueda colindar con ninguna UT (Unidad Territorial)”, habría dicho Burga.
Las unidades macrorregionales: una estrategia para ganar licitaciones
Una de las maniobras implementadas para favorecer a Frigoinca fue declarar ciertos productos como “macrorregionales”, lo que otorgaba un beneficio de 20 puntos adicionales en los procesos de licitación. Esto permitió que Frigoinca ganara contratos multimillonarios en regiones como Loreto y Puno, a pesar de no contar con plantas de producción en esas zonas.
El cambio se oficializó el 8 de julio de 2021, cuando se aprobó la resolución directiva ejecutiva D000179-2021 MIDIS, que incluyó nuevos criterios de evaluación diseñados para beneficiar la adquisición de alimentos de origen regional o macrorregional. Este mecanismo, según la Fiscalía, fue orquestado por Hinojosa y su equipo para asegurar que Frigoinca monopolizara las licitaciones.
Conservas adulteradas y falta de controles de calidad
Uno de los aspectos más graves de este escándalo es la denuncia de que los alimentos proporcionados por Frigoinca a Qali Warma estaban adulterados. Según Noemí Alvarado, excolaboradora y denunciante clave, las conservas incluían ingredientes de baja calidad, como carne de caballo, piltrafas y grasa de pollo. “Estos productos, destinados a niños en situación vulnerable, pasaban los controles de calidad gracias a la complicidad de funcionarios corruptos”, denunció Alvarado.
La Fiscalía descubrió que Frigoinca utilizaba “cajas liberadas” durante las inspecciones. Estas contenían conservas especialmente preparadas para cumplir con los requisitos del programa, mientras que los productos distribuidos a los escolares eran de una calidad significativamente inferior. Además, Hinojosa habría impedido la realización de análisis periódicos obligatorios, lo que permitió que estos alimentos circulen sin restricciones.
Implicaciones políticas y vínculos con altos funcionarios
El caso Qali Warma no solo involucra a Fredy Hinojosa, sino también a figuras cercanas al Ejecutivo. Entre los nombres señalados están Julio Demartini, actual titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y Morgan Quero, ministro de Educación. Ambos son acusados de interferir en las investigaciones para encubrir las irregularidades.
En el caso de Demartini, la Fiscalía le abrió una carpeta fiscal por presunta obstrucción a la justicia. Según las investigaciones, habría intentado contactar a Noemí Alvarado a través de Carlos Guillén, otro implicado en la red de sobornos. “Las investigaciones apuntan a que varios ministros habrían actuado para proteger a Hinojosa y evitar que el escándalo afecte directamente a la presidenta Dina Boluarte”, señaló un informe fiscal.
Consecuencias para la gestión del programa Qali Warma
El programa Qali Warma, creado para brindar alimentación escolar a los niños más vulnerables del Perú, ha sido duramente cuestionado a raíz de este escándalo. La falta de controles rigurosos y la corrupción en los procesos de compra han puesto en riesgo la salud y el bienestar de miles de escolares en todo el país.
Además, este caso ha generado indignación en la opinión pública y ha puesto bajo escrutinio la gestión del gobierno. Organizaciones civiles y expertos han pedido mayor transparencia y una reforma integral en los procesos de adquisición del Estado para evitar que se repitan estas situaciones.
La posición del Ejecutivo y el futuro de Hinojosa
Pese a la gravedad de las acusaciones, Fredy Hinojosa sigue contando con el respaldo del Palacio de Gobierno. Sin embargo, su impedimento de salida del país y las crecientes pruebas en su contra podrían complicar su situación legal en los próximos meses.
Por su parte, Dina Boluarte y su equipo han evitado emitir declaraciones contundentes sobre el caso. Esta postura ha sido criticada por diversos sectores políticos y de la sociedad, que consideran que el gobierno debería asumir una posición más firme frente a las denuncias de corrupción.
El futuro de Hinojosa y los demás implicados dependerá del avance de las investigaciones fiscales, que continúan recopilando pruebas y testimonios. “Es fundamental que este caso se esclarezca y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, concluyó la Fiscalía en un comunicado reciente.
Una lección para la gestión pública
El caso Qali Warma es un recordatorio de los riesgos que implica la corrupción en los programas sociales. Cuando estos se gestionan de manera ineficiente o corrupta, los más perjudicados son siempre los sectores más vulnerables de la población.
En este contexto, es indispensable que el Estado implemente mecanismos más estrictos de control y fiscalización, así como sanciones ejemplares para quienes utilicen su posición de poder para beneficiarse ilícitamente.
