La minería ilegal, un flagelo que azota diversas regiones del Perú, ha motivado un reforzamiento de la presencia estatal en la provincia de Pataz, La Libertad. Se han intensificado los controles y la vigilancia con el objetivo de frenar esta actividad ilícita y el crimen organizado que la rodea. La zona, rica en recursos minerales, ha sido escenario de enfrentamientos y actos delictivos que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la población local.
Según la investigación publicada por Gestión, esta intervención forma parte de una estrategia más amplia orquestada por el Comando Unificado Pataz, que busca la colaboración entre diferentes entidades estatales para restaurar el orden y la legalidad en la región.
En este contexto, se han establecido diversos puestos de control estratégicos en puntos clave como Shicun, Calquiche y Pamparacra, donde efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen una vigilancia constante, las 24 horas del día, controlando el flujo de personas y vehículos. A esta red de seguridad se suma un nuevo puesto en el distrito de Parcoy, y se plantea la posibilidad de instalar otro en Suyubamba, ampliando así la cobertura y el alcance de las operaciones.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, junto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército David Ojeda, han supervisado directamente el despliegue y las operaciones en el punto de control de Shicun, considerado uno de los más importantes en la zona. Su presencia busca enviar un mensaje claro de compromiso y respaldo a las fuerzas del orden que trabajan en el terreno. La minería ilegal en Pataz ha sido vinculada a la trata de personas y el financiamiento de otras actividades criminales.
El general Marco Marín, comandante del Comando Unificado, ha resaltado que la estrategia implementada ya está generando resultados tangibles. “Se ha logrado restablecer el principio de autoridad y el orden interno en Pataz”, afirmó, subrayando la importancia del apoyo de la población local para el éxito de las intervenciones. Estas operaciones han permitido la detención de personas con requisitorias pendientes y el decomiso de armamento ilegal, golpeando directamente las estructuras delictivas.
Estas acciones se llevan a cabo en el marco del Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, que prorrogó el estado de emergencia en la provincia por 30 días calendario. Esta medida, publicada el 8 de mayo en una edición extraordinaria de El Peruano, permite la restricción de ciertas libertades y derechos fundamentales, como el toque de queda, con el fin de facilitar las labores de control y seguridad. Durante este periodo, se han intensificado los operativos, especialmente durante los toques de queda en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, así como las intervenciones focalizadas para incautar insumos y equipos utilizados en la minería ilegal. El precio del oro, principal producto extraído ilegalmente, fluctúa constantemente en los mercados internacionales, incentivando la persistencia de esta actividad.
El Ministerio de Defensa ha enfatizado que estas acciones demuestran el firme compromiso del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen organizado. En un comunicado, el Mindef resaltó que “a través del trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades del Estado, se garantiza la protección de la ciudadanía y se avanza en la recuperación del control territorial”. La geografía accidentada de Pataz dificulta el acceso y control de las autoridades, favoreciendo la proliferación de la minería ilegal.
