La inspección laboral en el Perú enfrenta un momento crucial con la reciente aprobación en la Comisión de Trabajo del Congreso del Proyecto de Ley 9744/2024-CR. Esta propuesta busca bonificar a los trabajadores de la Sunafil basándose en indicadores de desempeño y, crucialmente, en los excedentes recaudados por multas. Si bien la intención declarada es fortalecer la función inspectiva y reducir la persistente informalidad laboral, la medida ha generado un intenso debate sobre sus posibles efectos contraproducentes en la naturaleza misma de la inspección laboral.
Según la investigación publicada por El Comercio, el proyecto presenta riesgos inherentes a la vinculación de bonificaciones con la recaudación de multas, lo que podría desvirtuar el rol fundamental de la Sunafil.
El corazón del problema reside en la potencial distorsión de la función inspectiva. El objetivo principal de la Sunafil, como garante del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, es promover una cultura de respeto a los derechos laborales, más que actuar como un mero recaudador de fondos para el Estado. La iniciativa, al ligar los bonos a los excedentes de recaudación, podría incentivar una fiscalización centrada en la búsqueda de sanciones, relegando la prevención, la orientación y la corrección de conductas.
El predictamen plantea una bonificación que podría alcanzar hasta el 50% de la remuneración básica, financiada con hasta el 30% de los excedentes de recaudación anual, con un 10% adicional sujeto al cumplimiento de ciertos indicadores. Este esquema, lejos de promover una meritocracia basada en la calidad del servicio y el fomento de la formalización, podría alentar prácticas que generen desconfianza entre los administrados. De hecho, las multas por trabajadores no incluidos en planilla, una de las más elevadas, representan un porcentaje significativo de la carga del Tribunal de Fiscalización Laboral, otorgando al inspector un amplio margen de discrecionalidad.
Es un hecho reconocido que el Perú adolece de una de las ratios más bajas de inspectores por habitante en la región. Diversas investigaciones apuntan a que la solución para fortalecer la Sunafil no pasa por incentivar la recaudación, sino por aumentar y capacitar al cuerpo de inspectores, que actualmente asciende a unos 856. Adicionalmente, la distribución geográfica de estos inspectores es desigual, concentrándose un alto porcentaje en Lima, mientras que regiones con altos índices de informalidad laboral, como Madre de Dios, Pasco y Huancavelica, cuentan con una presencia mínima.
Por otro lado, el Tribunal de Fiscalización Laboral, un ente crucial para la resolución de conflictos, opera con una capacidad limitada, contando con una sola Sala en lugar de las tres necesarias para atender la creciente demanda. Esto ha generado retrasos significativos en la resolución de casos, algunos con plazos de hasta 24 meses. En un contexto donde la informalidad laboral representa un desafío mayúsculo, el fortalecimiento de la Sunafil se vuelve indispensable, pero este debe enfocarse en mejorar la capacidad técnica, la cobertura y la eficiencia de la inspección, no en transformarla en una entidad recaudadora.
El verdadero incentivo debe residir en la excelencia, la ética y el compromiso con el servicio público. Solo así se podrá construir un sistema que promueva el trabajo decente, la formalización y el respeto irrestricto de los derechos laborales. Es importante recordar que, según datos del INEI, la tasa de informalidad laboral en el Perú supera el 70%, lo que subraya la urgencia de implementar políticas efectivas y bien diseñadas para abordar este problema estructural.
