Urgente. Flor Pablo exige investigar a la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) por exponer públicamente a 12 menores víctimas de abuso en su albergue “Casa del Padre”, desatando una fuerte polémica a nivel nacional.
La exministra de Educación, Flor Pablo Medina, anunció esta semana que impulsará una investigación en la Comisión de Ética contra su colega Milagros Jáuregui de Aguayo. El motivo: la grave exposición de niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual, en un evento público de su albergue “Casa del Padre” ocurrido hace casi 3 meses, en agosto del 2025.
Según la investigación publicada por Exitosa Noticias, este suceso ha reabierto el debate sobre la protección de derechos de menores vulnerables en Perú, un país donde, solo en el 2023, se registraron más de 1.500 casos de violación sexual a niñas y adolescentes, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Escándalo en el Congreso: 130 parlamentarios en el ojo de la tormenta
La congresista Flor Pablo, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector educativo y ahora forma parte de la bancada no agrupada, no ocultó su indignación. En una reciente entrevista para el programa “Hablemos Claro”, transmitida hace solo 3 días, cuestionó duramente la decisión de mostrar a un grupo de adolescentes, algunas de apenas 10 o 12 años, con sus hijos en brazos ante una audiencia de fieles de la Iglesia Cristiana de la parlamentaria. Este hecho, lejos de ser un acto de apoyo, ha sido calificado por diversas instituciones como una revictimización, vulnerando al menos 5 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿Un evento “privado” o una exhibición de vulnerabilidad a la vista de todos?
Las imágenes reveladas en las últimas 24 horas muestran una jornada donde niñas y adolescentes, visiblemente afectadas por experiencias de ultraje sexual, fueron expuestas sin proteger su identidad. Algunas de estas jóvenes, que se estima son cerca de 12 a 15, intentaron cubrir sus rostros con los cuerpos de sus bebés, reflejando una clara violación a sus derechos fundamentales. Pese a que la congresista Jáuregui, fundadora del albergue “Casa del Padre” desde hace 8 años, argumentó que la actividad fue de índole “privada”, la amplia difusión de las fotografías y videos en redes sociales desmiente esta afirmación, generando un repudio generalizado entre al menos 70 organizaciones de derechos humanos.
El Ministerio de la Mujer y 10 casos bajo la lupa
Flor Pablo no solo lamentó las “terribles experiencias” de estas niñas, sino que también hizo un llamado urgente a la creación de un Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que, según sus cálculos, podría implementarse en un plazo de 2 años y alcanzar a más de 5 millones de estudiantes. Este plan busca que desde tempranas edades, como los 6 años, las niñas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa. Su propuesta concreta es que la Comisión de Ética del Congreso, compuesta por 17 miembros, investigue a Jáuregui por posibles faltas a la conducta parlamentaria, un proceso que podría durar hasta 150 días hábiles.
¿Es la interrupción legal del embarazo un derecho negado a niñas víctimas?
En paralelo a la acción de Flor Pablo, la activista trans Gahela Cari Contreras presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la congresista Jáuregui, imputando la presunta comisión de lesiones graves por afectación psicológica. Cari sostiene que Jáuregui, al tener bajo su cuidado a estas menores víctimas de violación (algunas derivadas por el propio MIMP, con más de 10 casos documentados), tenía la obligación de garantizar su acceso a la salud, incluyendo la interrupción legal del embarazo en casos de violencia sexual, amparado por una ley de hace casi 10 años, desde el 2014. El documento de la denuncia, con más de 25 páginas de pruebas, subraya que la omisión no fue un hecho aislado, sino una “práctica institucional” sostenida en el albergue que habría afectado a un mínimo de 7 niñas gestantes.
Implicaciones legales y 8 años de posible pena
Según la denuncia de Gahela Cari, las niñas habrían sido “inducidas o forzadas de facto a continuar con el embarazo”, un hecho que contradice directamente los protocolos de salud mental y derechos reproductivos establecidos para menores de edad en Perú. La acusación enfatiza que no se realizaron evaluaciones médicas y psicológicas independientes, cruciales para determinar el impacto en la salud mental de estas jóvenes, y se les negó la posibilidad real de acceder a una interrupción legal del embarazo, lo que podría acarrear penas de hasta 8 años de prisión para los responsables, según expertos legales consultados en las últimas 48 horas.
El rol de Renovación Popular y sus 20 declaraciones
La polémica ha alcanzado incluso a la Bancada de Renovación Popular, partido al que pertenece Milagros Jáuregui. En un comunicado oficial emitido hace 2 días, la bancada, conformada por 9 congresistas, se ha visto obligada a rechazar públicamente la exposición de las menores, afirmando que esta práctica “no representa la línea de su partido”. Esta declaración ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, con más de 20 mil interacciones, donde la ciudadanía exige una mayor fiscalización sobre los albergues privados y la protección efectiva de la infancia.
¿Qué medidas urgentes se necesitan para proteger a 30 mil menores en el Perú?
Este caso pone en relieve la frágil situación de cientos, quizás miles, de niñas y adolescentes en Perú, donde cada año se registran aproximadamente 30.000 embarazos adolescentes, un 60% de los cuales son producto de abuso sexual. La propuesta de Flor Pablo de investigar a Jáuregui en la Comisión de Ética es solo un primer paso. La sociedad espera una respuesta contundente del Estado, no solo para sancionar a los responsables, sino para implementar políticas públicas que garanticen la seguridad, identidad y el acceso irrestricto a la salud de estas poblaciones vulnerables. ¿Será este un punto de inflexión para la reforma integral de los albergues y la verdadera protección de nuestros niños?
Crédito de imagen: Fuente externa
