El actual director de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Huánuco, Elfer Alonso Romero Bobadilla, respondió públicamente a los cuestionamientos surgidos tras su reciente designación, en medio de una coyuntura marcada por denuncias de falta de preparación ante la temporada de lluvias. Según manifestó, sí enfrenta procesos de investigación en el Ministerio Público, pero aseguró que no existe ninguna sanción vigente que le impida ocupar cargos públicos.
Romero indicó que, en el marco de dichas investigaciones, se apartó voluntariamente de la función pública por casi un año, con el objetivo de facilitar el trabajo de las autoridades competentes. “No tenemos ninguna sanción que nos impida contratar o trabajar con el Estado”, declaró, y agregó que su defensa legal sigue activa. Consultado sobre detalles del caso, el funcionario se limitó a señalar que el expediente ya se encuentra en fiscalía.
Al ser abordado sobre el impacto de las críticas en su labor, atribuyó los señalamientos a la fiscalización ciudadana, y aseguró que su gestión se basa exclusivamente en criterios técnicos. “No creo haber hecho ninguna acción mala”, sostuvo.
Almacén regional a medio operar y sin bienes esenciales
Durante la entrevista, Romero reconoció que el almacén de emergencias del Gobierno Regional se encuentra apenas al 50% de su capacidad, lo que representa un riesgo logístico de cara a la próxima temporada de lluvias. “Están en proceso de adquisición muchos bienes”, precisó, e indicó que el gasto presupuestario ya fue ejecutado parcialmente en respuesta a emergencias previas.
Consultado por la prensa sobre la logística actual, el funcionario detalló que, hasta el momento, no se cuenta con la cantidad de carpas necesarias para cubrir a la población en riesgo. Según estimó, más de 400 mil personas están expuestas a eventos naturales en toda la región Huánuco, y se requeriría un mínimo de 50 mil carpas para una atención adecuada. Sin embargo, explicó que no todas serán adquiridas directamente por el gobierno regional, pues se prevé un trabajo coordinado con el Ejecutivo nacional.
Romero afirmó que se viene trabajando con otras instancias del Estado para reforzar la respuesta, pero admitió que el presupuesto asignado en los primeros meses del año ya se encuentra “prácticamente comprometido y gastado”, lo que limita las adquisiciones inmediatas.
Gobiernos locales sin almacenes
Uno de los puntos más críticos señalados por el director fue la falta de implementación de almacenes de emergencia en las municipalidades provinciales y distritales de Huánuco. “Ninguna cuenta con condiciones físicas para almacenar bienes de ayuda humanitaria”, declaró. Según precisó, este déficit responde a la ausencia de infraestructura adecuada y a la falta de previsión presupuestal.
En sus palabras, los gobiernos locales “esperan el presupuesto del siguiente año”, lo cual retrasa la atención inmediata a la población ante situaciones de desastre. En este contexto, Romero exhortó a las municipalidades a implementar almacenes que permitan cubrir, al menos, entre el 5% y el 10% de su población en riesgo. Como ejemplo, sostuvo que una comuna con 10 mil personas vulnerables debería contar con al menos 200 carpas de forma permanente.
El funcionario reconoció también que la mayor parte de los bienes de ayuda humanitaria se encuentran centralizados en el gobierno regional, lo que genera demoras cuando las emergencias ocurren de forma simultánea en distintos puntos de la región.
Críticas a la falta de prevención
Al referirse al contexto nacional, Elfer Romero Bobadilla cuestionó que ninguna ciudad en el Perú haya desarrollado políticas eficaces de prevención ante desastres naturales. “Si se hubiera hecho prevención, no estaríamos teniendo esta situación de emergencias”, declaró, responsabilizando directamente a los gobiernos locales por la ausencia de planificación territorial.
Desde su punto de vista, la prioridad debería ser invertir en obras de prevención y no solo en respuesta o rehabilitación. Mencionó como ejemplo crítico la situación de AMBO, donde se han identificado zonas de riesgo por deslizamientos. Informó que se vienen coordinando acciones con el Instituto Geofísico del Perú para determinar si es necesario proceder a una reubicación de las familias afectadas.
No obstante, aclaró que la reubicación solo debe considerarse cuando todas las medidas de reducción del riesgo hayan fracasado. “Es un proceso que implica un agotamiento de otras opciones”, afirmó, aludiendo también al trabajo conjunto con alcaldías distritales para orientar el crecimiento urbano hacia zonas seguras.
Falla en comunicación
Finalmente, el funcionario admitió debilidades graves en los mecanismos de comunicación del Gobierno Regional hacia la población, lo cual —según indicó— genera resistencias ante propuestas como las reubicaciones y dificulta la comprensión del trabajo técnico que se ejecuta.
“Hay mucho trabajo que no sabemos comunicar. La población ya tiene muchos años viviendo en estos lugares, ha generado una costumbre, una tradición, y eso genera resistencia”, señaló. En ese sentido, defendió la importancia de procesos de sensibilización que prioricen la protección de la vida humana por encima de los arraigos geográficos.
Romero aseguró que su gestión busca fortalecer la “parte técnica” del gobierno y que se encuentra comprometido en continuar coordinando con todas las instancias pertinentes. “La transparencia es con ustedes —los medios de comunicación— porque nos ayudan a transparentar la información”, manifestó, sin detallar cómo se corregirá el actual déficit de información institucional.
