El consejero delegado Nicolás Inga Esteban aseguró que el inicio de las comisiones se retrasó por la transferencia presupuestal del Gobierno Regional y que este año buscan adelantar el trabajo, que —según dijo— se extenderá hasta noviembre por el cambio de gestión en diciembre.
La aprobación del plan anual de fiscalización del Consejo Regional marcó el arranque formal del trabajo de control en el último año de la actual gestión, según informó el consejero delegado Nicolás Inga Esteban tras una sesión extraordinaria. El funcionario sostuvo que, con ese acuerdo, los consejeros quedarían habilitados para programar y ejecutar acciones de fiscalización en campo desde febrero.
En ese sentido, señaló que, a diferencia de años anteriores —cuando la fiscalización se iniciaba entre marzo y abril—, este 2026 se busca adelantar el despliegue desde febrero. Según explicó, los consejeros presentarán sus planes trimestrales para su aprobación en la sesión ordinaria del viernes 6 de febrero, y con ello quedarían habilitados para iniciar trabajo de campo desde el lunes siguiente.
Inga señaló que el cronograma inmediato contempla que sus colegas presenten sus planes de actividades trimestrales “a partir del lunes”, para que sean aprobados en la próxima sesión ordinaria fijada, según precisó, para el viernes 6 de febrero. Tras esa aprobación, manifestó que los consejeros quedarían “expeditos” para salir al campo “a partir del lunes”, mencionando como referencia un lunes 9, fecha que ubicó como punto de inicio del trabajo operativo de fiscalización.
El consejero delegado reconoció que ciudadanos han cuestionado la demora en instalar comisiones y en asumir su rol, y respondió que cada año se repite un proceso similar. Según explicó, el Consejo no puede programar fiscalización si antes no cuenta con presupuesto, y afirmó que este año buscaron acelerar el proceso porque la transferencia de recursos se habría concretado en enero.
Presupuesto 2026
Inga atribuyó el retraso a la necesidad de contar con recursos transferidos por el Gobierno Regional. “No podemos programar nuestra fiscalización mientras no hay presupuesto”, señaló, y añadió que recién con la transferencia se puede aprobar los planes de trabajo de las comisiones. En su versión, esta dependencia presupuestal explicaría por qué en años anteriores la fiscalización habría arrancado, según dijo, recién en marzo o abril.
El consejero delegado sostuvo que, en comparación con periodos previos, este año el Consejo habría “corrido” para iniciar antes. Según manifestó, su despacho y sus colegas presionaron para exigir la transferencia presupuestal del Gobierno Regional con el objetivo de activar el trabajo de fiscalización desde febrero.
Cabe precisar que este año se ha asignado un presupuesto general de S/ 538 mil para la fiscalización del Consejo Regional, monto que —según manifestó— sería suficiente para cubrir el trabajo de todas las comisiones.
Asimismo, Inga señaló que este será el último año de la actual gestión regional y que él asumirá el rol de último consejero delegado de este periodo. A partir de ello, sostuvo que la diferencia que busca marcar es que “todas las comisiones se dediquen” plenamente a fiscalizar durante este tramo final.
Fiscalización hasta noviembre
El consejero delegado indicó que el trabajo de las comisiones se concentrará entre febrero y noviembre, y que diciembre quedará reservado —según explicó— para la transferencia por el cambio de gobierno. “En diciembre solamente vamos a entregar nuestros informes”, manifestó, al detallar que ese mes sería de cierre administrativo.
Consultado por el periodo efectivo de trabajo, el periodista remarcó que, bajo ese esquema, las comisiones trabajarían “prácticamente 10 meses”. Inga no refutó esa cifra e insistió en que el enfoque del año será completar acciones de fiscalización antes de la etapa de transición.
En paralelo, el consejero delegado admitió que existe un “inconveniente” con el Reglamento Interno del Consejo (RIC) y dijo que buscarán agilizar su revisión. Sin embargo, señaló que parte de ese ordenamiento podría quedar encaminado “para el próximo gobierno”, aunque afirmó que el Consejo debe continuar el proceso para dejar “un poco más ordenado” el funcionamiento institucional.
