La fiscalización no puede ser un trámite decorativo ni un discurso vacío. En Huánuco, lo que debería ser un pilar del control democrático se ha convertido, según las propias denuncias del consejero regional Olchese Tarazona, en una función debilitada por decisiones administrativas que rozan lo inaceptable. Comisiones creadas para investigar, supervisar y proteger los recursos públicos han pasado meses enteros sin cumplir sus objetivos, no por falta de mandato ni de presupuesto, sino por la ausencia deliberada de soporte técnico.
Resulta alarmante que, existiendo un presupuesto asignado —equivalente al 1 % del presupuesto regional y cercano al millón de soles—, las comisiones del Consejo Regional hayan operado prácticamente a ciegas. La fiscalización moderna exige especialistas: ingenieros, abogados, expertos en recursos naturales. Pretender que los consejeros asuman investigaciones complejas sin respaldo técnico no solo es ingenuo, sino irresponsable.
Los casos mencionados son graves y concretos. La Comisión de Recursos Naturales, limitada para indagar presunta minería ilegal, tala indiscriminada o contaminación de fuentes hídricas. La comisión investigadora de una obra emblemática, obligada a ampliar plazos una y otra vez porque nunca llegaron los profesionales solicitados. Y comisiones de infraestructura, como las que supervisan la carretera Codo–Higueras–Codo o el estadio de Huamalíes, reducidas a visitas sin informes técnicos sólidos. Todo ello configura un patrón: la fiscalización existe en el papel, pero no en la práctica.
Más preocupante aún es el diseño institucional que describe Tarazona. El presupuesto para fiscalizar está bajo control del Ejecutivo regional, no del propio Consejo que debe ejercer esa función. En términos simples, los fiscalizadores dependen de la voluntad de quienes deben ser fiscalizados para contar con herramientas básicas. Es una contradicción que erosiona la independencia del Consejo Regional y vacía de contenido su rol constitucional.
La situación se agrava cuando se advierte que existen mecanismos para corregir este bloqueo, como la directiva de la Contraloría que faculta a informar y sancionar la inacción administrativa. Sin embargo, según lo señalado, estas alertas no se habrían activado. El resultado es un “cuello de botella” que se prolongó todo un año, con comisiones estancadas y recursos sin ejecutar.
De cara al 2026, último año de gestión y marcado por la coyuntura electoral, la advertencia no puede tomarse a la ligera. Si la fiscalización fue limitada en años ordinarios, ¿qué se puede esperar en un escenario de alta presión política? La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan los recursos públicos y en qué estado real se encuentran las obras que afectan su vida diaria.
