El Poder Ejecutivo impulsó una modificación al Código Procesal Penal que permitirá al Ministerio Público y a la Policía Nacional acceder al contenido de dispositivos electrónicos incautados en situaciones de flagrancia por delitos graves, sin requerir previamente una orden judicial. La propuesta, planteada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a actividades criminales que requieren intervención inmediata.
La medida autoriza la revisión de celulares, laptops, tablets y otros dispositivos electrónicos que hayan sido decomisados durante intervenciones policiales o dentro de establecimientos penitenciarios, cuando exista sospecha fundada de que fueron utilizados para coordinar o ejecutar hechos delictivos. La finalidad es facilitar el acceso a comunicaciones, registros, contactos o información vinculada a posibles víctimas, presuntos responsables o redes criminales.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta herramienta normativa permitirá agilizar de manera significativa las investigaciones relacionadas con delitos como extorsión, secuestro, sicariato, tráfico ilícito de drogas y criminalidad organizada, ámbitos en los que la información contenida en los dispositivos suele ser determinante para evitar que los responsables evadan la acción de la justicia.
Hasta antes de esta propuesta, las autoridades debían solicitar autorización judicial para acceder al contenido de un equipo electrónico, trámite que, según el Gobierno, generaba demoras que podían afectar el éxito de las investigaciones. La iniciativa aún debe seguir el proceso correspondiente antes de su implementación.
El Ejecutivo sostiene que la medida busca equilibrar la necesidad de una acción oportuna del sistema de justicia con la protección de los derechos fundamentales, especialmente en casos donde la inmediatez puede ser clave para resguardar la vida e integridad de las personas.
