La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para revertir la reciente ley que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) realizar investigaciones preliminares de delitos, argumentando que esta normativa vulnera la estructura y funciones establecidas en la Constitución. Según el informe de La República, elaborado por Daniel Muñoz, Espinoza defendió su postura el día de su juramentación como fiscal de la Nación, sosteniendo que el Ministerio Público tiene la autoridad constitucional de manifestar su disconformidad ante legislaciones que, a su juicio, invaden sus competencias. Este es el primer paso de Espinoza en un escenario marcado por tensiones entre el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, particularmente el Congreso, responsable de aprobar la normativa en cuestión.
La ley, conocida como Ley 32130, otorga a la PNP el rol de liderar investigaciones preliminares, lo cual, según Espinoza, contradice el artículo 159, inciso 4 de la Constitución, que señala al Ministerio Público como el ente encargado de dirigir las investigaciones de los delitos. “Nadie puede negarse a cumplir la ley, pero existen mecanismos para cuestionarla en su legalidad”, enfatizó la fiscal durante su discurso. La funcionaria subrayó que si bien el Congreso tiene la potestad de legislar, organismos autónomos como el Ministerio Público también tienen el derecho y el deber de intervenir en defensa de sus competencias y funciones. Para la fiscal, esta ley representa un riesgo de confusión y desorden en el sistema de justicia penal del país, afectando directamente la coherencia de las investigaciones y el rol de la Fiscalía en la persecución del delito.
Un enfoque constitucional
En su discurso de asunción, Espinoza hizo un llamado a la protección de las facultades del Ministerio Público frente a decisiones legislativas que, a su parecer, afectan la estructura del sistema de justicia. Reconoció la capacidad del Congreso para crear leyes, pero argumentó que el respeto por la Constitución debe guiar estos procesos. “El Ministerio Público no solo cumple un rol técnico en la administración de justicia, sino que también ejerce un papel constitucional, cuya relevancia debe ser preservada en cada una de sus competencias”, afirmó Espinoza en su discurso, destacando la importancia de salvaguardar las funciones fundamentales asignadas a cada institución del Estado.
El pedido de inconstitucionalidad que la fiscal Espinoza presentó tiene como base legal la primacía constitucional del Ministerio Público en la conducción de las investigaciones criminales, un rol que, sostiene, es esencial para asegurar una justicia eficaz y transparente. Al otorgar a la PNP la facultad de investigación preliminar, existe el riesgo de una posible “duplicidad de funciones”, advirtió la fiscal, lo cual podría traducirse en una “dilución de responsabilidades” que afectaría tanto a la labor investigativa como a los derechos de los ciudadanos.
La controversia sobre la “liberación de delincuentes”
En su intervención, Espinoza también respondió a las críticas vertidas por algunos sectores, como el primer ministro Gustavo Adrianzén, quienes acusan a la Fiscalía de “soltar a los delincuentes” tras ser capturados por la Policía en flagrancia. La fiscal de la Nación rechazó esta acusación, y afirmó que presentará un análisis estadístico que evidencie el verdadero papel de la Fiscalía en la administración de justicia y el tratamiento de los casos de detención en flagrancia. “No somos políticos, somos técnicos jurídicos”, subrayó Espinoza, quien insistió en que es necesario examinar las cifras con objetividad antes de emitir juicios apresurados. “Si la policía detiene en flagrancia y los fiscales liberan a los delincuentes, veamos las cifras caso por caso. Esto no puede basarse en percepciones o estereotipos”, añadió.
La fiscal Espinoza planteó que este análisis estadístico permitirá ofrecer una visión objetiva del trabajo de la Fiscalía, mostrando a la ciudadanía hasta qué punto se cumple con el debido proceso y se respeta el derecho a la defensa en cada caso. Este enfoque, argumenta, no solo clarificará las funciones de los fiscales, sino que ayudará a mejorar la comprensión del sistema de justicia penal en su conjunto.
Compromiso con la lucha contra el crimen organizado
Durante la ceremonia de juramentación, Espinoza delineó los pilares de su gestión, entre los cuales destaca el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia que afecta la seguridad ciudadana. Entre sus primeras acciones, la nueva fiscal de la Nación anunció la implementación de herramientas adicionales para las fiscalías especializadas en crimen organizado, con el objetivo de reforzar las investigaciones y enfrentar tanto a organizaciones criminales de gran alcance como a bandas locales que operan en diversas regiones del país. Este compromiso se orienta a devolver la confianza a la ciudadanía, que, en palabras de Espinoza, necesita “ver resultados concretos” en la lucha contra el delito.
El discurso de Espinoza también incluyó un llamado a la unidad y colaboración entre las distintas instituciones del Estado, subrayando que el combate al crimen no puede depender únicamente de una sola entidad. No obstante, dejó en claro que las funciones de cada organismo deben ser respetadas para evitar la interferencia en el ejercicio de sus competencias y optimizar el trabajo conjunto.
Investigaciones sobre la exfiscal Patricia Benavides
En un acto que marca un cambio de dirección en el Ministerio Público, Espinoza se comprometió a continuar con las investigaciones sobre la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es sospechosa de haber encabezado una red de corrupción dentro del propio Ministerio Público. Este caso ha sido objeto de intenso escrutinio en la prensa nacional, y la sociedad espera que las investigaciones conduzcan a una mayor transparencia en el órgano que debe actuar como garante de la justicia en el país. La fiscal Espinoza manifestó que, bajo su dirección, el Ministerio Público no tolerará ninguna acción que ponga en riesgo la integridad de sus procesos o de su personal.
En el caso de Benavides, la nueva fiscal ha prometido una revisión exhaustiva de los cargos y de las evidencias disponibles, asegurando que la Fiscalía está comprometida con una investigación imparcial que determine las responsabilidades sin importar el cargo o la posición de los involucrados. En este contexto, Espinoza reafirmó su visión de un Ministerio Público que “no responde a presiones políticas ni se deja intimidar”, sino que actúa en función de la Constitución y del interés nacional.
Un liderazgo con respaldo y sin invitaciones a políticos
La ceremonia de juramentación de Espinoza estuvo marcada por la ausencia de la presidenta Dina Boluarte y de representantes del Congreso, quienes no fueron invitados, una decisión de la propia fiscal que busca simbolizar la autonomía del Ministerio Público. Espinoza fue elegida el 18 de octubre por la Junta de Fiscales Supremos, obteniendo el respaldo de Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y su propio voto, y sucediendo al fiscal interino Juan Carlos Villena. En su discurso, la fiscal enfatizó que su gestión estará enfocada en consolidar una Fiscalía que trabaje con independencia y profesionalismo, un mensaje que apunta a distanciarse de la política partidaria y a priorizar el fortalecimiento institucional.
Con su gestión recién iniciada, Delia Espinoza se perfila como una figura que no teme enfrentar tanto a la corrupción como a las normativas que considere injustas o perjudiciales para el país. La demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley que transfiere las investigaciones preliminares a la PNP representa una declaración de principios y una muestra de su compromiso por defender la autonomía del Ministerio Público, en una sociedad que clama por justicia y transparencia en las más altas esferas del poder.
