El Ministerio Público ha causado gran impacto en la opinión pública solicitando al Poder Judicial la suspensión preliminar por un periodo de 18 meses del general Víctor Zanabria Angulo, actual comandante general de la Policía Nacional del Perú. Esta solicitud forma parte de una investigación fiscal sobre presuntos casos de corrupción y uso indebido de recursos públicos, que se habrían presentado durante la gestión de Zanabria al frente de la IX Macrorregión Policial de Arequipa.
La medida busca evitar posibles actos de obstrucción a la justicia y prevenir que se repitan presuntos actos ilícitos mientras se desarrolla la investigación. La Fiscalía argumenta que existen indicios graves de delitos como peculado, colusión agravada, negociación incompatible y abuso de autoridad, los cuales estarían asociados a manejos irregulares en la administración de recursos y al presunto uso de personal policial para fines distintos a sus funciones oficiales.
Uno de los puntos principales que fundamentan el pedido fiscal es el denominado caso “los policías albañiles”. De acuerdo a la investigación preliminar, durante el año 2020 al menos quince agentes policiales habrían sido obligados a dejar sus tareas de patrullaje para realizar labores de construcción, electricidad y mantenimiento en instalaciones policiales de Arequipa. Algunos de los suboficiales han sido considerados testigos protegidos por la Fiscalía y afirman que cumplían estas tareas por órdenes superiores, sin documentación formal y sin retribución adicional por los servicios prestados. Los libros oficiales reflejaban que los efectivos estaban en patrullaje, encubriendo así su verdadera ubicación y función.
La pesquisa también analiza el origen y destino de fondos relacionados con mejoras en la infraestructura policial, incluyendo recursos procedentes de donaciones privadas y asignaciones institucionales. Existen sospechas de pagos indebidos y transferencias injustificadas a cuentas personales, así como devoluciones en efectivo que actualmente están bajo la lupa de los fiscales. Por estos hechos también se investiga al coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos, quien ocupaba un cargo administrativo durante ese periodo.
Ante esta solicitud, la Policía Nacional ha declarado públicamente su respaldo al comandante general, asegurando que todas las obras se desarrollaron con transparencia y con dinero proveniente de contribuciones voluntarias del personal policial. Víctor Zanabria ha negado cualquier irregularidad y sostiene que las actividades fueron coordinadas y benefician a la institución.
La decisión final queda ahora en manos del Poder Judicial, que tendrá que evaluar el pedido fiscal en los próximos días. Mientras tanto, este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia, la vigilancia y la rendición de cuentas dentro de las más altas esferas de la Policía Nacional.
