El Ministerio Público ha solicitado seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, al considerar que existe un “evidente y latente peligro de fuga” en el marco del juicio oral que enfrenta por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.
Fiscal sustenta peligro de fuga y uso político del proceso
Durante la audiencia desarrollada el jueves por la tarde ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, argumentó que Vizcarra estaría preparando un escenario para presentarse como perseguido político, con miras a solicitar asilo en caso reciba una sentencia condenatoria. El magistrado Victor Alcocer preside el proceso.
Juárez Atoche sostuvo que la pena solicitada en el juicio, de 15 años de prisión, cuple con los criterios para imponer una medida coercitiva. Según la fiscalía, Vizcarra habría recibido S/ 1 millón de Obrainsa por el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1.3 millones de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua, entre 2011 y 2014.
El fiscal destacó también otros indicios que, a su juicio, refuerzan el riesgo de fuga: la ausencia de trabajo conocido, inconsistencias en reportes de actividades mientras gozaba de comparecencia con restricciones y un presunto intento de manipular dichos reportes con ayuda de su entorno. Agregó que Vizcarra ha sido visto desplazándose sin resguardo policial en el terminal de Moquegua, lo que demostraría su capacidad de eludir a la autoridad.
Defensa niega acusaciones y denuncia motivaciones políticas
La defensa de Vizcarra, a cargo del abogado Erwin Siccha, calificó el pedido fiscal como “improcedente, inmotivado e ilegal”. Alegó que su patrocinado mantiene arraigo familiar y laboral, con vínculos contractuales con el partido Perú Primero y una empresa privada. Respecto al incidente en Moquegua, indicó que Vizcarra acudió a una oficina municipal ubicada en el segundo piso del terminal, y que su seguridad permanecía a una distancia prudente.
Asimismo, Siccha criticó que la fiscalía interprete la actividad política de Vizcarra como un acto de desacato, pese a estar inhabilitado, y subrayó que la presencia del expresidente en la audiencia demuestra su disposición a enfrentar el proceso judicial.
La sesión continuará este viernes con la réplica entre las partes, la dúplica y la intervención directa de Martín Vizcarra. El juez podría emitir su decisión ese mismo día o anunciar una fecha para la lectura de la resolución final.
