Por compra irregular de 7995 laptops que causó perjuicio económico por 23 millones
Luego de tantos escándalos y de serias irregularidades que involucran al gobernador regional Juan Alvarado Cornelio, sus funcionarios de confianza y empresarios, por fin se muestra una luz de justicia al final del túnel.
El fiscal Virgilio Carrión Cabrera, ha solicitado prisión preventiva para el gobernador regional de Huánuco Juan Alvarado Cornelio, funcionarios y representantes de la empresa proveedora de las laptops adquiridas el año 2019, para entregar a los docentes de la región.
El fiscal Carrión Cabrera, del Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco, realizó dicho pedido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, por la comisión del del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión agravada.
Entre los imputados también figuran, Luz Janeth Rodríguez Ramos, Darwin Frank Campo Soto y Limber Garcia Tafur como autores del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA y contra Bertha Ada González Soto, Luis Augusto Briceño Jara, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Bedregal González (representante de la empresa Pomme Corporativo S.R.L.), Diego Hugo Bances Ballón (apoderado de la empresa Lenovo Asia Pacific sucursal del Perú); como CÓMPLICES del citado delito, todos en agravio del ESTADO PERUANO – GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO.
Según el documento oficial, indica, “requiérase la medida de coerción personal de prisión preventiva contra Juan Manuel Alvarado Cornelio, Luz Janeth Rodriguez Ramos, Darwin Frank Campos Soto y Luis Bedregal Gonzales”.
Además, se solicitó la medida de coerción personal de comparecencia con restricciones contra Limber García Tafur y el exgerente general del Gorehco, Luis Briceño Jara.
El pedido del fiscal se realizó el 24 de febrero último y ayer 1 de marzo, los involucrados fueron notificados.
El caso se vio ventilado por las investigaciones y denuncias realizadas por la Contraloría General de la República y la denuncia formulada por el vicegobernador de Huánuco, Erasmo Fernández, por la compra irregular de 7995 laptops para los docentes del departamento de Huánuco.
Como se recuerda, la Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios del GRH, entre ellos el gobernador Alvarado, por la compra que generó una pérdida económica de 23 millones de soles al gobierno regional.
Asimismo, solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los imputados Juan Manuel Alvarado Cornelio, Luz Janeth Rodríguez Ramos, Darwin Frank Campo Soto, Limber Garcia Tafur, Bertha Ada González Soto, Luis Augusto Briceño Jara, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Bedregal González, Diego Hugo Bances Ballón y Luis Felipe Serna Acosta.
HECHOS
En el documento de formalización de la investigación preparatoria la fiscalía explica cómo se habría direccionado de forma fehaciente la compra de las laptops.
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En caso del imputado Juan Manuel Alvarado Cornelio, quien, por razón de su cargo de Gobernador Regional de Huánuco, concertó con el Proveedor Luis Bedregal Gonzales, representante de la empresa POMME CORPORATIVO S.R.L, el proceso de adquisición de 7995 computadoras portátiles del proyecto «Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la dirección de gestión pedagógica de la dirección regional de educación de Huánuco – distrito Huánuco – provincia Huánuco – Departamento Huánuco”.
Esto se advierte cuando con una celeridad inusitada procedió con la suscripción de la Resolución Ejecutiva Regional N° 897-2019-GRH/GR del 02 de diciembre de 2019. Esto es en fecha anterior a la remisión del proyecto de resolución a la Secretaría General, que hizo la Oficina de Asesoría Jurídica recién el 04 de diciembre del 2019. Con el cual aprobó la estandarización de los siete mil novecientos noventa y cinco (7995) equipos de cómputo portátiles y dispuso que la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares realice la contratación de las laptops a través del catálogo electrónico de Acuerdo Marco por el aplicativo Perú Compras, en el tipo de compra: gran compra.
Sin importarle la irregularidad de dicho acto administrativo, pues el informe de estandarización de las laptops que fue aprobado, no contaba con informe de evaluación por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, documento esencial en el proceso. Asimismo, la Gerente Regional de Desarrollo Social solicitó la emisión del mencionado informe legal mediante memorando N° 1652-2019-GRH/GRDS del 02 de diciembre de 2019. Menos justificaba que la Entidad contará con equipamiento preexistente que le obligue a seleccionar una marca determinada – Lenovo-, pues las laptops a adquirir estaban destinadas para los docentes de nivel inicial y primaria.
Este acto resolutivo realizado por Juan Alvarado fue trascendental para concretar la compra de las 7995 laptops por catálogo de Acuerdo Marco. Ya que sustentó la adquisición de laptops de una sola ficha técnica, «justificando» el direccionamiento de las características técnicas de bienes a la marca Lenovo, que ofrecía el Proveedor. Así se dio lugar a que se emita la orden de compra a favor de la empresa Pomme Corporativo SRL que – por si fuera poco – para esa fecha ni siquiera contaba con dichos productos.
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Es así que, luego que el Imputado emitiera la Resolución Ejecutiva Regional N° 897-2019-GRH/GR, el Gobierno Regional de Huánuco, recibió del proveedor Pomme Corporativo SRL computadoras portátiles que fueron adulteradas en relación al número de parte, fueron reensambladas para cambiarles el disco duro y no contaban con todos los programas requeridos, transgrediendo el marco normativo de contrataciones, de conformidad a la conclusión N° 5.2. del Informe Técnico N° 01-2021-CG/GRHC-ACUGRHCO/JAFM-JAVV de fecha 5 de noviembre del 2021.
Con respecto a Darwin Frank Campos Soto, el documento fiscal indica que participó en un concurso CAS para el cargo de Especialista en Desarrollo de Sistemas de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y de Sistemas. Campos Soto, acreditó contar con el grado de Bachiller y Título a nombre de la Nación otorgados por la Universidad de Huánuco, y ser ingeniero colegiado y habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú.
Sin embargo, la Secretaría General de la Universidad de Huánuco, negó haber expedido el grado de Bachiller y Título profesional de Ingeniero de Sistemas. Por lo que Campos Soto entregó documentos falsos.
Ahora está en manos del juez de investigación preparatoria del Poder Judicial que verá el caso y en 48 horas debe convocar a audiencia de prisión preventiva según el Inciso 1 del Art. 271 del NCPP.
