Ministerio Público solicita imponer 34 años de prisión al expresidente Pedro Castillo. Esta petición se produce tras la investigación del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, por delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres también enfrentan graves acusaciones, con la Fiscalía solicitando 25 y 15 años de prisión respectivamente. Además, se requiere prisión preventiva para los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, y varios oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), con propuestas de 25 años de cárcel.
La acusación fue presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, supervisará la etapa intermedia del caso. Esta fase incluye la corrección de posibles errores en la acusación fiscal y la presentación de pruebas y testigos para un eventual juicio.
El exmandatario ha denunciado violaciones a sus derechos constitucionales y ha acusado a la fiscal de la Nación y a ciertos grupos de congresistas de conspirar para derrocar su gobierno.
