El expresidente Martín Vizcarra ha rechazado acogerse a una sentencia anticipada en el juicio que enfrenta por presuntos sobornos en los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. Vizcarra se declaró inocente de los cargos de cohecho pasivo que le atribuye la Fiscalía, los cuales se basan en la supuesta recepción de coimas que ascenderían a 2.3 millones de soles, entregadas presuntamente por empresas ligadas al “Club de la Construcción” durante su gestión como presidente regional de Moquegua. En su defensa ante el Poder Judicial, Vizcarra afirmó: “No he cometido delito alguno”, insistiendo en su inocencia y rechazando cualquier implicación en actividades ilícitas.
En el marco de la acusación, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional una condena de 15 años de prisión efectiva para Vizcarra, desglosada en 6 años por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital Regional de Moquegua. Además, el pedido de la Fiscalía incluye una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos. Este pedido se suma a dos inhabilitaciones previas impuestas por el Congreso de la República, una por 5 años y otra por 10 años, que restringen su participación en la función pública. En conjunto con cuatro empresas consideradas responsables civiles en el caso, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato exige que Vizcarra pague 4.67 millones de soles en reparación civil al Estado.
Acusación complementaria por colusión y ampliación de cargos
El Poder Judicial ha recibido una acusación complementaria que amplía las penas solicitadas contra Vizcarra, en la que la Fiscalía pide 10 años adicionales de prisión por el delito de colusión simple en agravio del Estado. Esta ampliación fue presentada por el fiscal Juárez Atoche el pasado 12 de julio y aceptada tras la revisión del juez Ubaldo Callo Deza. La acusación complementaria refuerza los cargos iniciales, considerando que Vizcarra habría recibido coimas específicas para la adjudicación de proyectos de construcción en Moquegua.
Según la Fiscalía, las irregularidades en la adjudicación de estas obras incluyeron el otorgamiento de la ampliación del Hospital Regional de Moquegua a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), mientras que el proyecto Lomas de Ilo habría sido adjudicado al consorcio Obrainsa-Astaldi. Un colaborador eficaz en el caso, Elard Tejada, gerente de Obrainsa, ha testificado que en noviembre de 2013 se reunió con Vizcarra para asegurar la adjudicación, proporcionando toda la información requerida para que el consorcio ganara el concurso. Según el testimonio, Vizcarra habría solicitado un pago de 16,212 soles, equivalente al 2% del valor de la obra, a cambio de asegurar la buena pro para la licitación.
Un juicio con alto perfil y posibles repercusiones para el expresidente
El juicio de Vizcarra ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en la arena política, dado que su mandato presidencial estuvo marcado por un discurso anticorrupción. Su caso refleja el creciente escrutinio sobre las gestiones regionales y la influencia del “Club de la Construcción”, una red de empresas involucradas en múltiples procesos de licitación cuestionados en diversas regiones del país. La expectativa sobre la decisión del Poder Judicial es alta, considerando la magnitud de las acusaciones y el precedente que este juicio podría establecer en la lucha contra la corrupción en altos cargos.
De confirmarse las penas solicitadas por la Fiscalía, Vizcarra enfrentaría una sentencia acumulada que podría sumar hasta 25 años de prisión, con la suma de las penas adicionales solicitadas en el caso de colusión. Además, su inhabilitación por seis años se añadiría a las dos ya impuestas, limitando de forma considerable su futuro político. Según el informe de Juan Castro para La República.
