La Junta de Fiscales Supremos de Perú se ha pronunciado en contra de un nuevo decreto legislativo anunciado por el ministro del Interior, Víctor Torres, que modifica el Código Procesal Penal permitiendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) investigar delitos de manera autónoma. Esta medida, que busca agilizar las diligencias preliminares previamente a cargo de fiscales, ha suscitado preocupación entre los fiscales supremos.
El Ministerio Público, en un comunicado, anunció que está evaluando acciones legales para preservar su rol constitucional y enfatizó que no fue consultado sobre las implicaciones de estas nuevas medidas. Además, la Fiscalía subrayó que la Constitución obliga a la PNP a cumplir con los mandatos del Ministerio Público, no a suplantarlos, y considera este cambio como un intento de socavar sus funciones.
El primer ministro Alberto Otárola respondió a estas preocupaciones, asegurando que no se están otorgando poderes extraordinarios a la policía y que se respeta la facultad de conducción de investigaciones del Ministerio Público. Afirmó que el cambio permitirá a la policía iniciar investigaciones de manera más ágil, siempre bajo la supervisión de un fiscal. Este debate destaca la tensión entre la necesidad de una acción rápida en la justicia penal y la protección de los roles institucionales en el sistema judicial peruano.
